El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco reiteró el contenido de sus denuncias y los nombres de los implicados.
El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco reiteró esta mañana que es urgente la intervención del Ministerio Público, para evitar que se cometa un fraude en contra del Congreso del Estado, debido a que las empresas Consultores “López Castro” y Cía., Ola Outsourcing y Sistemas Administrativos Empresariales, jamás hicieron gestiones o trámites que se tradujeran en compensaciones, exenciones o descuentos fiscales, por el pago de impuestos en exceso.
Por lo tanto, dijo que hoy mismo presentará un escrito al Secretario General de Gobierno, Roberto López Lara, en el que le solicitará que no se paguen los aproximadamente 100 millones de pesos que se reclaman, con el fin de evitar que se cometa lo que considera un megafraude.
Explicó que existen delitos que deben castigarse si efectivamente se atienden las denuncias que presentó ante la Fiscalía General del Estado, con base en declaraciones y testimonios a los que hizo referencia durante la conferencia de prensa que ofreció, y en las que se involucra principalmente a Rafael López Martínez, propietario de la firma “López Castro”, como autor intelectual, así como la complicidad de diputados de las legislaturas anteriores LXVIII y LIX.
Precisó el diputado Sánchez Orozco que el origen del megafraude por 100 millones de pesos que se intenta, fue la adhesión al decreto presidencial publicado en diciembre de 2008, en cuanto a beneficios fiscales por el pago del Impuesto sobre la Renta, que ofrecía la condonación total de adeudos por los ejercicios del 2005 y anteriores. Asimismo, un estímulo del 60 por ciento para 2009, un 30 por ciento para 2010 y un 10 por ciento para 2011.
Con fecha 13 de febrero de 2012 se solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la adhesión al decreto, anexando la información de las nóminas, lo cual se confirmó al Poder Legislativo del Estado el día 27 del mismo año, pero se advierte en la respuesta al Secretario General, José Manuel Correa Ceseña, que de no cumplirse los requisitos correspondientes, se dejarán de aplicar los beneficios referidos.
En la ficha informativa entregada a los medios de difusión por el diputado Sánchez Orozco, se indica: “lo que así sucedió, lo cual llevó a que el actual Secretario General, Dr. Marco Antonio Daza Mercado promoviera nueva solicitud de adhesión a dicho decreto, con fecha siete de mayo de 2013, mediante oficio LX-SG0-199/2013, al cual el SAT dio respuesta mediante oficio 400-48-00-01-01-2013, y en el cual finalmente le informan que son condonados los impuestos de 2007 al 2012”.
Posteriormente la consultora “López Castro” exige el pago de sus servicios, lo cual no se hace y finalmente en la pasada Legislatura, la LIX, se reconoce un adeudo y se firma un convenio judicial para cubrir la cantidad de 58 millones de pesos por la supuesta devolución del pago de impuestos; se contrata a las otras dos empresas mencionadas, con el mismo fin; se paga la gestión, pero ahora el Juzgado Tercero de Distrito fijó como plazo el día de ayer, para el pago de 100 millones de pesos a “López Castro”, por la acumulación de intereses y costas.
El diputado Sánchez Orozco manifestó que en la recopilación de información sobre este asunto, se comprobó que Sergio Juárez Orozco, supuesto apoderado legal de “López Castro” desconoce su firma en el convenio, como también lo hizo la ex diputada Patricia Elena Retamoza Vega, integrante de la Mesa Directiva del Congreso, en la pasada Legislatura, por lo que el Ministerio Público debe pronunciarse ante tales hechos, e impedir que complicidadas y corruptelas sigan adelante.
Incluye también a los ex diputados Jorge Arana Arana, Norma Angélica Aguirre Varela, Samuel Romero Valle, Luis Manuel Vélez Fregoso, Alfredo Zárate Mendoza y Lorenzo Moccia Sandoval, integrantes de la Comisión de Administración de la LVIII Legislatura, y el entonces Secretario General, Alfredo Arguëlles Basave; así como a los ex diputados Enrique Aubry de Castro Palomino, Gustavo Macías Zambrano y Patricia Retamoza, miembros de la Directiva en la LIX Legislatura; y al ex diputado Raúl Vargas López, presidente de la Comisión de Administración.
Aclaró que confía en que prosperen las denuncias que presentó junto con otros legisladores, ya que aun cuando se haga el pago del dinero reclamado, las averiguaciones deben continuar y aplicar las sanciones que correspondan con actos de corrupción o complicidad, que dañan al Poder Legislativo y a sus trabajadores, quienes no han recibido nada por el dinero que pagaron de más en materia fiscal.
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