INICIARÁ EL ESTUDIO DE 13 SOLICITUDES DE JUICIO POLÍTICO

25 Octubre 2016

La radicación o inicio del estudio de 13 denuncias de presuntos actos y omisiones que podrían ser constitutivos de juicio político, en contra de funcionarios y servidores públicos, fueron aprobadas por la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado, de las cuales dos son en contra del Magistrado Alberto Barba Gómez, igual número en contra el Presidente Municipal de Tlajomulco, Alberto Uribe Camacho, otras dos contra el Presidente Municipal de Tolimán, Diego Armando Puga Enciso, y dos en contra del ex Presidente Municipal de Tonalá, Jorge Arana Arana.

En el caso del Magistrado Barba Gómez, presidente de la Sexta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo, las solicitudes de juicio político fueron presentadas por Jesús Pablo Lemus Navarro y Harold Sidney Dutton Treviño, así como Enrique Alfaro Ramírez y Anna Bárbara Casillas García.

Por lo que respecta al Presidente Municipal de Tlajomulco, las denuncias corresponden a Humberto Alejandro García Escobar y José Guadalupe Mejía Vargas; en cuanto al Presidente Municipal de Tolimán, incluyen a José Ramón Baltazar Nava y J. Guadalupe López Capristo, en su carácter de Secretario General y Síndico del ayuntamiento, junto con los regidores de esa municipalidad Lilia Mata Guerrero, Martín Reyna Ayala, Alma Mirella Siordia Romero, Otoniel Flores Solano, Sofía Asunción López Palacios, Álvaro Nava López, Ana Araceli Díaz Dueñas, Antonio Ramos Delgado y Jovita Romero Ruiz; y las solicitudes de juicio político son de Ana María Díaz Araiza,

Respecto al ex Presidente Municipal de Tonalá, incluyen a Edgar Oswaldo Bañales Orozco, ex Secretario General y a los ex regidores José Antonio Ruiz Rico, Magaly Figuero López, Marique Uriel García Benítez, Claudia Gregoria Rodríguez Jiménez, Salvador Paredes Rodríguez, Marisol Casián Silva, Fernando Núñez Bautista, Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, Mario Javier Hernández Vargas, José Apolinar Alatorre Rodríguez, Joel Esaú Arana Dávalos, Dana Marisol Luévanos Romero, Gonzalo Cruz Espinoza, Carlos Orozco Morales y Rafael Gerardo Rizo García. Las solicitudes de juicio político son de Rocío Chávez Márquez.

Igualmente se radica la solicitud de Ricardo González Muñoz, Ema Rosa González Alba, Adolfo Romero  Escobedo y Miriam Isabel de Anda Coronado, en contra de Julio César Hurtado Luna, Gabriel García Guerrero, Sandra Hernández Ortiz, Herminia Lozano Magaña, José Víctor Cruz Moreno, María Ana Beatriz González Ulloa y Fernando Quezada Contreras, en su carácter de Presidente Municipal y regidores del municipio de Unión de San Antonio, por presuntos actos y omisiones que pueden ser constitutivos de delitos.

Lo mismo se aprobó para la denuncia presentada por Ramón González Castañeda, en contra de José Luis Iñiguez Gámez y Alejandro Macías Velazco, como presidente municipal el primero, y presidente municipal en funciones, el segundo, del ayuntamiento de Yahualica de González Gallo, por los mismos motivos de actos y omisiones cometidas en el ejercicio de sus funciones.

También se radica la denuncia de Carlos López Gámez, en contra de Alejandro de Anda Lozano, presidente municipal de San Juan de los Lagos, y de Pablo Esteban González Ramírez y Enrique González Díaz, como Síndico y Director de Catastro Municipal, respectivamente, por actos y omisiones.

Otra radicación es por la solicitud de juicio político presentada por Paulo Gabriel Hernández Hernández, Caros Álvarez Ramírez, Julio César Márquez Lizárraga, Lilia Denisse Chávez Ochoa, Karla del Río Flores, Vivian Karina Flores González, Arturo Muñiz Salazar, Daysi Nallely Ángel Hernández, José de Jesús Cervantes Flores, J. Jesús Agustín Hernández, María Esther Ochoa Lizárraga y Alejandro Ramos Flores, que fue firmada por los promoventes, a excepción de Karla del Río, Vivian Karina y Daysi Nallely, quienes no acudieron a ratificar la denuncia, en el término correspondiente. Dicha acción es en contra de Enrique Robledo Sahagún, en su carácter de ex Presidente Municipal de Ocotlán.

Finalmente, se dio trámite a la denuncia planteada por Camilo Andrey García Chávez, en contra de Francisco Javier Álvarez Chávez, Juan Manuel Delgado de la Cruz, Francisco Javier Arias Sánchez y José Luis Rodríguez Ortiz, en su carácter de ex Presidente Municipal, el primero de ellos y los restantes como ex tesoreros del ayuntamiento de Tamazula de Gordiano, para que se investiguen los actos denunciados.

La Presidenta de la Comisión de Responsabilidades, Diputada María del Pilar Pérez Chavira, dijo que los procedimientos de radicación, estudio y conclusiones, se sujetan a un plazo de 90 días, para resolver si proceden o no las solicitudes de juicio político, sin que sea obligatorio agotar ese lapso.

Por otra parte, propuso presentar un acuerdo legislativo para prever en el Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo, para 2017, una partida y asignar los recursos económicos, tecnológicos y humanos necesarios para la implementación de la plataforma estatal que permita recibir y administrar las declaraciones patrimoniales, de interés y constancia de la fiscal, de los servidores públicos de la entidad.

Asimismo, la Comisión emitió el dictamen de adhesión a los emitidos por las comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, de Hacienda y Presupuestos, Asuntos Electorales, Participación Ciudadana, Vigilancia y Transparencia, que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, así como la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, ambas del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Explicó que se trata del enfoque a la aplicación del Presupuesto Participativo, Evaluación del Desempeño, Fiscalización de todos los recursos que se integren a la hacienda municipal, los proyectos de inversión, y que la orientación del gasto público estatal sea con proporcionalidad y de manera estratégica a las regiones del Estado.

Además, se eleva a categoría de información pública fundamental el procedimiento para implementar el presupuesto participativo, así como el que otorga becas, incorporación de estudios y lista de resultados.

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