Realizar un diagnóstico exhaustivo del cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sobre todo en cuanto a declaraciones de situación patrimonial y los motivos de las omisiones; incrementar los estímulos y motivaciones para que se cumplan y modificar las leyes que sea necesario para que no sólo haya amonestaciones o multas, sino sanciones de orden social, política, económica y penal, en su caso.
Lo anterior es parte fundamental del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Responsabilidades, aprobado esta mañana, que incluye atender de manera oportuna y expedita todas las iniciativas y procedimientos que se le turnen en lo relativo a juicios políticos, según lo explicó su presidenta, diputada María del Pilar Pérez Chavira.
Sobre las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, el diputado vocal Jorge Arana Arana se pronunció a favor de que se revise la legislación, con el fin de establecer sanciones más severas por incumplir, ya que actualmente se les imponen multas o amonestaciones. Además, solicitó que se haga un listado de los omisos.
Por otra parte, el Director del Órgano Técnico de Responsabilidades, Armando Espinoza del Toro, rindió el informe sobre la recepción de asuntos de la Legislatura anterior y dijo que hay 38 solicitudes de juicio político y sus expedientes, las cuales se encuentran en diferentes etapas procesales.
En cuanto a las declaraciones presentadas hizo un comparativo de lo sucedido hace tres años, respecto a los años 2012 y 2015. En el primero de los mencionados se recibieron tres mil 191 y en el actual cinco mil 851, con un incremento de dos mil 660 servidores públicos que cumplieron. En declaraciones iniciales, fueron mil 79 y mil 847, respectivamente, por lo que aumentó en 768.
Respecto a los omisos, hubo un decremento, ya que en 2012 fueron cuatro mil 205 y en el 2015 sumaron tres mil 767, es decir, 438 menos. Declaraciones finales, en el 2012 fueron omisos cuatro mil 610 y en el 2015, cuatro mil 391, con un decremento de 219, lo que refleja que en términos generales hay una mejoría en cuanto a la obligación en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial final.
A fines del mes pasado se realizaron jornadas de trabajo para orientación y recepción de declaraciones patrimoniales, lográndose buena respuesta de parte de los municipios al recibirse oportunamente tres mil 139 y sólo 414 extemporáneas, ya que venció el plazo de 60 días.
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