Faltan criterios de política económica para estructurar el ingreso y el gasto estatal, como sucede a nivel federal; el análisis de los contextos nacional e internacional; qué hacer frente a una devaluación en la paridad monetaria que llega al 60 por ciento desde 2014; un mercado interno deprimido; el crecimiento del endeudamiento en hogares y empresas; el eventual incremento de las tasas de interés que elevará la deuda gubernamental. En cuanto a la obra pública para infraestructura, es más baja que en otras entidades del país y no se alienta adecuadamente el desarrollo regional.
Los renglones mencionados son parte de los planteamientos que hicieron el Mtro. Ignacio Román, del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Occidente; el Mtro. Antonio Sánchez Bernal, de la Universidad de Guadalajara y el Dr. Francisco Bernal Orozco, de la Universidad Panamericana, durante la glosa ciudadana sobre “Finanzas y Obra Pública”, con la que terminó un ejercicio de crítica y propuestas académicas y sociales con motivo del Tercer Informe del Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.
Román dijo que a nivel estatal no se cuenta con los criterios generales de política económica, como sucede en el ámbito federal, por lo que no se sabe si es correcta la forma como se estructuran los ingresos del Estado y la manera sobre la lógica de los egresos, y si se tiene en consideración el contexto internacional y nacional.
“No podemos hablar del presupuesto respecto a los egresos si no hablamos también de la captación de ingresos. Preguntarnos qué significa gastar eficientemente, ya que la discusión se ha centrado mucho en gasto corriente y de inversión”, explicó. El problema es gastar bien o gastar mal. Y en cuanto al déficit presupuestal observar las condiciones de reembolso.
Afirmó que es inmensa la dependencia de las participaciones y aportaciones federales; pensar en qué hacer cuando hay una devaluación cercana al 60 por ciento en la paridad monetaria desde octubre de 2014; en términos de componentes importados puede haber un problema significativo; mantenemos una situación de estancamiento económico; fuerte afectación a la industria de la construcción; un mercado interno muy deprimido; crecimiento en el endeudamiento de hogares y de empresas que puede ser más fuerte ante eventuales aumentos de tasas de interés. Inseguridad y desconfianza, inestabilidad económica internacional; problemas financieros por la caída en los precios del petróleo, por reducción de reservas internacionales.
En contraparte, hay un posible auge de empresas exportadoras, pero esencialmente maquiladoras; cierta mejora del poder adquisitivo por remesas provenientes del exterior; un nicho de oportunidades que sería conveniente aprovechar para empresas nacionales competidoras frente a bienes importados. Los márgenes de maniobra son complicados y en términos de captación de ingresos hay problemas por una probable reducción de participaciones y aportaciones federales, ya que se anuncia un recorte presupuestal para el 2017; igual frente al aumento de las tasas de interés, por lo que es necesario buscar una lógica de restructuración del gasto por las consecuencias que implica lo que se prevé.
Por su parte, Sánchez Bernal se refirió al gasto en infraestructura señalado en el Informe, y problemas y retos que enfrenta Jalisco, planteándose la intención de desconcentrarlo de la zona metropolitana de Guadalajara, lo que es un acierto importante. Sin embargo, se hace un listado de las obras y proyectos que se han realizado fuera de la zona metropolitana, pero es un informe a la antigua, ya que no se ven en el marco del desarrollo regional sobre cuál es el impacto o cuáles sus aportaciones.
No se aprovechan los sistemas de información y herramientas técnicas para mostrar qué está ocurriendo con esa infraestructura; las conectividades entre las regiones; qué mejoras en la productividad: Sin embargo, no se encuentran, y hay un cierto engaño cuando se dice que la meta de inversión en infraestructura de siete por ciento, ya que es una tendencia de los últimos diez años y es ineficiente, ya que en otras entidades es entre el 12 y 15 por ciento.
El Dr. Orozco, de la Universidad Panamericana, se refirió al programa que tienen sobre administración de la construcción, y las investigaciones de los alumnos se enfocan más hacia el sector privado, porque se sube fácilmente para generar cambios, sobre todo en temas de la gestión de los proyectos y de las propias constructoras.
Son provechosas para tener un diálogo más abierto o por lo menos la sensación de que así sea para que los alumnos empiecen a generar investigación en las áreas que el gobierno requiere o proponga, y esto va acompañado de un enfoque a largo plazo y de trasparencia, por lo que lo propuso para que todas las iniciativas tengan un sentido, generar bienestar y salir de algunos círculos viciosos.
La Diputada Mónica Almeida López, habló a nombre de los legisladores y manifestó que el objetivo de dialogar con la sociedad civil, las universidades y con la iniciativa privada, es construir soluciones, por lo cual agradeció a los ponentes por su participación. “En el Congreso tenemos una corresponsabilidad como contra peso solidario y hoy esperamos sea de suma positiva porque al final vamos a entregar un documento en esta perspectiva de construir en conjunto”.
Agregó que ha habido avances en el Gobierno del Estado, pero también es necesario impulsar con mayor responsabilidad el principio y el derecho fundamental del mínimo vital como un eje rector para la planeación democrática del Estado y para que “garanticemos el disfrute pleno de todos los derechos humanos de todos los ciudadanos jaliscienses, bajo una perspectiva de desarrollo sostenible”.
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