EXHORTO AL FISCAL GENERAL PARA QUE INFORME SOBRE LA INVESTIGACIÓN DEL CASO ELISA AYÓN

EXHORTO AL FISCAL GENERAL PARA QUE INFORME SOBRE LA INVESTIGACIÓN DEL CASO ELISA AYÓN

En la Comisión de Responsabilidades también se radicaron solicitudes de juicio político.

Los diputados integrantes de la Comisión de Responsabilidades firmaron hoy un exhorto al Fiscal General del Estado, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, para que proporcione información sobre el avance de las investigaciones por las denuncias presentadas en contra de la ex regidora de Guadalajara, Elisa Ayón Hernández, debido a irregularidades e inconsistencias en sus declaraciones de situación patrimonial,  que pudieran ser objeto de algunos delitos y por lo cual se le inhabilitó para ocupar cargos públicos.

Por otra parte, en la sesión de este órgano parlamentario que preside el diputado Juan Carlos Márquez Rosas, también se aprobó la radicación de las solicitudes de juicio político en contra de los presidentes municipales de Tlajomulco de Zúñiga, Ismael del Toro Castro; de Guadalajara, Ramiro Hernández García y autoridades municipales de Sayula.

En el primero de los casos los denunciantes son Dagoberto Rodríguez Flores, Inocencio Martínez Aceves, Maximiliano Espino Servín, Prudencio González Ramos, Isaías Martínez Flores, Octavio Encarnación Sánchez y Ernesto González Rico, debido a que en el conflicto entre particulares por el despojo del predio “Latillas”, no fueron apoyados por las autoridades municipales, al ser omisas en utilizar la fuerza pública y parciales al pronunciarse sobre el mismo, según lo explicado por el Director del Órgano Técnico de Responsabilidades, Jesús Méndez Rodríguez.

El otro asunto se refiere a la denuncia de Aurelio Humberto Vázquez Aguirre, en virtud de que no obtuvo respuesta para que se derribara un muro en el atrio del templo de San Judas Tadeo, que fue construido sin permisos de Obras Públicas del ayuntamiento de Guadalajara.

La tercera radicación es por la denuncia de Ana Isabel Montes de Oca, Julia Susana Sandoval Núñez y Claudia Covarrubias García, en contra de Jorge González Figueroa, Ismael Rivera Casas, Rosa Pérez de la Cruz, Martín Cuevas Pérez, Rosalva Contreras Rodríguez, Emma Ventura Cortez, Marta Beatriz Hernández Salvador, Arturo Fernández Ramírez, Felipe de Jesús Hernández Sánchez, Enrique Jiménez Vargas, Marco Antonio García Aceves, Magdalena y Gloria Maria del Refugio Chimal García, en sus cargos de presidente municipal, regidores, síndico, presidenta y directora del DIF de Sayula, por su negativa a otorgar seguridad social a los trabajadores de este organismo asistencial, así como la retención de pagos y despidos injustificados.

Asuntos desechados

En cuanto a los dictámenes de desechamiento, está la solicitud de juicio político promovida por Gabriel Valencia López, en contra de la Junta de Coordinación Política de la LIX Legislatura y el Auditor Superior del Estado, Alonso Godoy Pelayo, debido a que se encubrieron las cuentas de los presupuestos de los ejercicios fiscales 2007, 2008 y 2009 de la LVIII Legislatura.

El Director del Órgano Técnico dijo que en este asunto hubo una sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito, en la revisión 162/2014, “donde nos ordenaba hacer una prevención, correr el término y en ella se señalaba al promovente. Se levantaron las constancias, se visitó el domicilio y existen constancias en autos para demostrar que ya no es el domicilio procesal, y por lo tanto al haber transcurrido el tiempo en exceso del término previsto por la ley, se propone su desechamiento”.

Al respecto, el diputado vocal Salvador Zamora Zamora solicitó el retiro del asunto para no incurrir en violaciones al procedimiento de la solicitud de juicio político, debido a que el pasado cinco del presente el promovente presentó escrito cumpliendo con las prevenciones que fueron formuladas por la Comisión, como consecuencia de la sentencia de amparo que comentó el Director del Órgano Técnico.

Agregó que el promovente le informó que el plazo en que se le hizo sabedor de las prevenciones fue el pasado 31 de julio; y que es nula de pleno derecho la supuesta notificación en que se soporta el dictamen del desechamiento, por no haberse apegado las formalidades que establece el Código de Procedimientos Penales, para las notificaciones personales.

Sin embargo, el funcionario de la Comisión de Responsabilidades dijo que en efecto tenía el escrito, pero que el promovente no volvió a presentar domicilio para notificarlo; que manifestó haberse enterado por el juzgado, lo cual no es válido porque le corresponde al Órgano Técnico la notificación, y la resolución fue muy anterior y publicada en el sistema de seguimiento de expedientes del Poder Judicial de la Federación. El asunto no fue retirado, por votación mayoritaria de los miembros de la Comisión y por consecuencia se aprobó el desechamiento de la solicitud de juicio político.

Declaraciones patrimoniales

Por otra parte, el diputado Márquez Rosas informó que al 25 de agosto se recibieron 22 mil 318 declaraciones de situación patrimonial de servidores públicos, de las que han sido capturadas vía electrónica 13 mil 425 y por procesar otras ocho mil 893, lo cual da un avance del 60 por ciento. Sin embargo, debido a que se incorporaron también a la declaración obligatoria policías, jueces y coordinadores, la suma esperada es de 35 mil.

En consecuencia, lamentó que con el poco personal que tiene el Órgano Técnico de Responsabilidades, será difícil que haya una acción más efectiva para la rendición de cuentas, ya que la Comisión de Administración no aprobó contratar de manera temporal, por tres meses, a cuatro personas para sacar todo el trabajo, que a su vez permitiría al Congreso obtener un ingreso de tres millones de pesos, por las multas que se aplicarán a los omisos, pues resultará más complicado realizar todo el procedimiento.

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