La Comisión de Hacienda y Presupuestos acordó exhortar al Titular del Poder Ejecutivo para que asigne el recurso presupuestal a su disposición para el diseño y ejecución de una obra de infraestructura hidráulica que permita dotar de agua suficiente y de calidad, a las comunidades afectadas del Municipio de Poncitlán, especialmente San Pedro Itzicán, donde sus habitantes afrontan graves padecimientos renales por el consumo de contaminantes.
Explicó el Presidente de la Comisión, Diputado Ismael del Toro Castro, que los pobladores solicitaron el apoyo del Congreso del Estado para resolver esta problemática, ya que el agua que se les proporciona es de manantiales, la cual, por su naturaleza, contiene distintos tipos de metales, los que al ser consumidos pueden producir daños hepáticos y problemas renales.
Debido a lo anterior y mediante algunos estudios, se han detectado enfermedades en los habitantes de la comunidad mencionada, que recientemente causaron la muerte de dos menores de edad; razón por la cual el Pleno del Congreso derivó a la Comisión de Hacienda dicha solicitud de apoyo, resolviéndose exhortar al Ejecutivo estatal a que se realice la obra necesaria que garantice el suministro de agua potable en condiciones óptimas para su consumo.
Al respecto, la Diputada Mónica Almeida López planteó que este asunto se canalice también a través de la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua en el Estado, a fin de que suscriba el acuerdo legislativo aprobado por la Comisión de Hacienda, con dicho propósito.
Por su parte, el Diputado Jorge Arana Arana dijo que este asunto se viene postergando. “Lo más lamentable es que se buscan argumentos y pretextos, pero el problema de salud allí está. Antier lamentablemente falleció otra persona y la prueba fehaciente es que en los últimos años ha habido muchos enfermos, es lamentable y con la vida no se juega, y esta población ya es referente a nivel internacional, por ser el único caso donde se presenta”, por lo que celebró que se haya tomado este acuerdo.
Dictámenes aprobados
En la sesión de trabajo, se aprobaron tres dictámenes: el que autoriza al Ayuntamiento de Tlaquepaque a aplicar la condonación sobre el pago del Impuesto Predial y de los derechos por la prestación de servicios en las licencias de giros, en beneficio de los comerciantes y de los propietarios de locales ubicados en el corredor donde se realizan los trabajos de construcción de la Línea Tres del Tren Ligero.
Los otros dos se refieren al que establece la distribución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que corresponden a los municipios del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal 2017, así como al relativo a los Coeficientes de Distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, que corresponden a los municipios de Jalisco, para este año.
Acuerdos internos
En los acuerdos internos, se aprobó el Plan Anual de Trabajo 2017 de la Comisión, y el que turna diversas peticiones presupuestales para obras municipales a las secretarías de Planeación, Administración y Finanzas, y de Infraestructura y Obra Pública.
El Diputado Del Toro Castro manifestó que en el Plan de Trabajo se fijan las principales actividades, entre las que destaca impulsar la plena implementación del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales y Contratación de Obra Pública.
Sobre ese tema, recordó que la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado y sus Municipios, entró en vigor a los 90 días siguientes a su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”; misma que se realizó el 27 de octubre de 2016, con las salvedades dispuestas en los artículos transitorios. Es decir, cobró vigencia el 25 de enero de este año.
Lo anterior significa que los entes gubernamentales están obligados, a partir de esa fecha, a eliminar los procedimientos de invitaciones restringidas de sus procesos de adquisiciones, y por el contrario invitar a la totalidad de proveedores con registro en sus padrones, en tanto se integra el estatal único.
Por lo tanto, los poderes del Estado y los organismos constitucionales autónomos tienen hasta 120 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación de dicha ley, para emitir las disposiciones y reglamentos necesarios para su debido cumplimiento, o sea, hasta el 24 del presente mes.
Los ayuntamientos de los municipios cuya población sea mayor a los 200 mil habitantes, cuentan con 120 días a partir de la vigencia de esta legislación, y en el caso de aquellos con una población menor, el término será de hasta 240 días naturales.
Hizo notar que debido a algunas dudas que se han presentado, se comenzó a enviar oficios a los municipios, así como al Poder Judicial y otras instituciones, para que tengan presentes dichas fechas, y además en el Plan de Trabajo se propone ofrecer capacitación a los entes gubernamentales que la requieran, así como crear una mesa de trabajo interinstitucional para la plena implementación del Sistema, que “estamos seguros representa un paso muy importante en el combate a la corrupción en nuestro Estado y el impulso al emprendedurismo”.
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