Con el fin de visibilizar las condiciones desiguales en el servicio de transporte público y su impacto directo en la economía y seguridad de la población, diputadas y diputados del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano presentaron un posicionamiento en el que se advierte la falta de regulación y supervisión en rutas de concesión federal que operan en la zona metropolitana de Guadalajara.
La rueda de prensa fue encabezada por el diputado José Luis Tostado Bastidas, acompañado por las diputadas Alejandra Giadans Valenzuela, Celenia Contreras González y Gabriela Cárdenas Rodríguez, quienes expusieron diversas problemáticas y propuestas en materia de movilidad.
Durante el encuentro, se informó que más de 300 mil personas utilizan diariamente transporte público federal en zonas periféricas, enfrentando tarifas más elevadas, ausencia de subsidios y unidades en condiciones deficientes. Se destacó que, a diferencia del sistema estatal, estas rutas carecen de mecanismos de control, tecnología, accesibilidad y certeza en horarios, lo que genera un gasto mayor para las familias y condiciones de riesgo para los usuarios.
En este contexto, se anunció la presentación de un exhorto dirigido a autoridades federales para atender la problemática mediante un decálogo que contempla, entre otros puntos, el aumento en la frecuencia de rutas, la asignación de subsidios para homologar tarifas, la modernización de unidades, la implementación de sistemas de pago electrónico, accesibilidad universal, monitoreo por GPS, capacitación a operadores y alineación a políticas de seguridad y medio ambiente.
Asimismo, se abordó la problemática de los sistemas de transporte irregular, como los mototaxis, señalando la necesidad de avanzar en su regularización conforme al marco legal vigente. Se expuso que este tipo de servicio debe cumplir con requisitos como registro, seguro, revisión mecánica y autorización por parte de la autoridad competente, con el objetivo de garantizar seguridad a usuarios y operadores.
En el mismo espacio, se señalaron presuntas prácticas irregulares en la operación de estos sistemas en el ámbito municipal, relacionadas con cobros indebidos y condiciones fuera de la normativa, lo que, se indicó, requiere revisión institucional para asegurar el cumplimiento de la ley y evitar afectaciones a quienes dependen de este medio de transporte.
Finalmente, se reiteró que las propuestas legislativas en materia de transporte deben analizarse bajo criterios técnicos, financieros y de viabilidad operativa, priorizando soluciones que garanticen un servicio eficiente, accesible y equitativo para toda la población, sin distinción entre usuarios de sistemas estatales o federales.
