La Comisión de Familia, Desarrollo Humano e Integración Social aprobó hoy tres dictámenes encaminados a otorgar beneficios a través de programas sociales a los adultos mayores, respetar los derechos humanos de los menores de edad pero también brindarles guía en materia de salud, además de imponer sanciones a los organizadores de espectáculos públicos que no ofrezcan la pertinente accesibilidad a las personas con capacidades diferentes.
Los integrantes del Órgano Legislativo que preside el Diputado Isaías Cortés Berumen, validó los tres documentos por unanimidad. La primera propuesta avalada propone al Pleno reformar el artículo 6°-Ter de la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado.
El objetivo es disminuir de 70 a 65 años la edad mínima para que las personas adultas mayores reciban una pensión económica, actualmente el Gobierno del Estado ya otorga esta ayuda a quienes tienen menos de 70 años pero más de 65, lo que se busca es alcanzar sincronía y establecerla en ley para que en un futuro no se retire el apoyo.
Los legisladores también votaron a favor el dictamen que reforma los artículos 38, fracción II, inciso c; artículo 66, fracción II, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El espíritu de la propuesta es conjuntar la asesoría y supervisión del personal médico y de los padres o tutores, además de la propia voluntad de los menores de edad, para brindarles de la forma más adecuada la prestación de servicios médicos, incluyendo el acceso a los métodos anticonceptivos.
En el planteamiento también se pretende tomar en cuenta ofrecerles la atención “la edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez” de los niños y niñas.
Finalmente, los legisladores también aprobaron la propuesta para reformar las fracciones X, XI y XII del artículo 35, así como las fracciones IV y IX en su tercer párrafo del artículo 76, ambos artículos de la Ley para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco.
Una vez que se apruebe el documento en el Pleno, dicha legislación daría claridad a la atribución de los municipios para vigilar y en su caso sancionar a los empresarios, administradores y organizadores de espectáculos públicos que omitan o ubiquen discriminatoriamente los espacios reservados, así como las facilidades de acceso, para personas con discapacidad.
En tal caso, se impondrá una multa equivalente de 250 a 1000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometer la infracción a los empresarios, administradores y organizadores de espectáculos, centros recreativos y de entretenimiento, públicos y privados, que omitan o ubiquen discriminatoriamente los espacios reservados, así como las facilidades de acceso y movilidad de las personas con discapacidad.
---oo0oo---
