Al continuar el Foro convocado por legisladores con este propósito, hubo planteamientos firmes y contundentes.
El Sistema Nacional Anticorrupción, si bien logró importantes avances como una Fiscalía Anticorrupción autónoma y sanciones más severas para los corruptos, “no estableció del todo una legítima demanda ciudadana: máxima publicidad al estado que guardan los intereses, el patrimonio y las aportaciones que se hacen a la hacienda pública por parte de servidores y funcionarios públicos. De ahí que en Jalisco, con la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, tenemos grandes oportunidades para poder ampliar y mejorar dentro del ámbito de acción estatal lo que en la federación dejó de hacerse.
“Por eso celebramos ampliamente que todos los poderes públicos en el Estado, la ciudadanía e iniciativa privada, hayamos cerrado filas para lograr en Jalisco un sistema vanguardista que nos permita revertir los efectos nocivos de la corrupción”.
En estos términos y de manera tajante se expresó el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara, Fernando Topete Dávila, al iniciar la segunda etapa del Foro “Diálogos Contra la Corrupción” con el tema “La Participación Social contra la Corrupción”, en el edificio de esta institución empresarial y agregó: “Somos conscientes de que la corrupción a menudo no es un evento de individuos aislados, sino que prevalece una cadena de diversos involucrados. Por tal razón, como iniciativa privada, estamos dispuestos a participar activamente en difundir una cultura de la legalidad y la ética entre nuestros socios y afiliados como mecanismo preventivo”..
Bajo esa premisa dijo que se hizo un convenio de colaboración con el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI), “mediante el cual adquirimos el compromiso de promover y fortalecer la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción e impunidad, así como para publicar información de interés relevante para la sociedad”, y se manifestó acorde con el marco regulatorio básico que el Congreso propone en sus tres ejes: cultura de la legalidad, investigación, control y sanciones, sin fuero para los servidores públicos.
Propuso adicionar un eje en materia de mejora regulatoria, “pues muchos actos de corrupción cotidiana son propiciados y generados en trámites y gestiones simples. Hasta el 44% de las empresas en México ha reconocido pagar un soborno para agilizar trámites u obtener una licencia o permiso.
“Además, proponemos establecer criterios claros y dispositivos funcionales mediante el uso de nuestras capacidades tecnológicas, para incentivar la denuncia y participación ciudadana. A medida que la sociedad asuma que este es un problema en el que también está involucrada y le afecta, más eficaz será su combate.
“Por último, colocamos sobre la mesa de las propuestas el establecer un servicio civil de carrera en el ejercicio público estatal y municipal. La profesionalización de servidores y funcionarios permitirá que, gradualmente, el incentivo para trabajar en el servicio público sea el desarrollo profesional, y no las canonjías obtenidas por conductas indebidas o ilícitas”.
Pronunciamiento de COPARMEX
El Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Jalisco, José Medina Mora, inició su mensaje al enfatizar: “La corrupción e impunidad existen porque así lo hemos tolerado”, y que es importante reconocer la manera como han crecido, por lo cual es necesario actuar. “Primero reconocemos que cuando hay un acto de corrupción en donde participa un funcionario también participa un empresario, y en un acto de corrupción en donde participa un ciudadano también participa un servidor público, y la aplicación de la ley implica que tiene que haber consecuencia para ambos”.
Hizo notar: “Sí podemos revertir esta tendencia, pero necesitamos cambiar la visión de la política como un lugar para enriquecerse en lo personal, cuando debía ser una oportunidad para servir al bien común”.
Admitió que en el sector empresarial están convencidos de que sí puede haber un cambio en el país, pero “hay que tener paciencia, porque no es una campaña de un año, ni siquiera un plan sexenal. La estimación que hacemos para poder cerrarle el paso a la corrupción y tener un México libre de corrupción es de dos décadas”, pero es necesario apretar el paso y el Sistema Estatal Anticorrupción es una oportunidad.
Luego se refirió a las modificaciones que a nivel federal solicitaron los empresarios a los senadores para el Sistema Nacional Anticorrupción: que las declaraciones 3 de 3 sean públicas y obligatorias para todos los funcionarios; que derogaran el artículo 32 que establecía que las personas físicas y morales que recibían dinero público tenían que presentar estas declaraciones. Entonces, por ejemplo, los becarios de CONACYT o las personas que reciben dinero de SEDESOL o cualquier empresa proveedora del gobierno estatal, federal o municipal. Incluidos los accionistas nacionales y extranjeros con todo su personal, es decir, cerca de 30 millones de personas incluidos accionistas nacionales y extranjeros, junto con el personal de las mismas, por lo que celebró que el Presidente de la República haya vetado ese artículo, porque sería inaplicable.
Planteó que en el Sistema Estatal Anticorrupción se corrija que el Fiscal Anticorrupción sea independiente, ya que en el ámbito federal quedó como subprocuraduría de la PGR, para que tenga actuación libre e independiente. Igualmente, que se avance hacia una auditoría del desempeño, para conocer si efectivamente se cumplió el presupuesto y se aplicó a las partidas autorizadas y los ciudadanos vean los resultados. También avanzar hacia la aplicación irrestricta de la ley para combatir la impunidad, ya que de lo contrario se sigue infringiendo. En cuanto al Estado de Derecho, explicó que las controversias se resuelvan por la vía institucional, para que se cumplan los ordenamientos existentes.
Ámbito legislativo
La Diputada María del Pilar Pérez Chavira, presidenta de la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado, convocante del Foro y su temática, acompañada de los también legisladores Ismael del Toro Castro, coordinador del grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano; Hugo René Ruiz Esparza, presidente de la Comisión de Vigilancia y Mónica Almeida López, coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, destacó el interés del sector empresarial, organizaciones de la sociedad y representantes de otras instituciones por participar en la consulta y diálogos con la sociedad para enriquecer la iniciativa legislativa que se discutirá en el Poder Legislativo.
“Es importante que sociedad y gobierno estemos juntos haciendo un verdadero ejercicio de responsabilidad ética y de sensibilidad democrática. No hay otra manera que poner todo el impulso de los servidores públicos para que sea ejemplo del compromiso cotidiano por la legalidad y transparencia como una opción de comportamiento de los jaliscienses y que es lo que espera la ciudadanía”.
Por otra parte, dijo que la sociedad debe seguir manteniendo la participación comprometida, honesta e informada “en el acompañamiento vigilante de la cosa pública. Solamente ese acompañamiento e involucramiento eficaz es lo que nos puede hacer caminar juntos hacia encontrar caminos de solución”.
Añadió que en la LXI Legislatura “tenemos el serio compromiso de escuchar a todos e incluir las propuestas en el debate para la conformación de los dictámenes de aprobación de las reformas que se han hasta el momento propuesto y las que sean necesarias para seguir avanzando”, para instaurar el Sistema Estatal Anticorrupción, dando confianza a la ciudadanía y exigiendo a los entes de gobierno que estarían conformando los espacios, a través de comités ciudadanos con una participación comprometida pero que sean contra peso de la sociedad.
Igualmente es necesario avanzar y definir la aprobación de la Fiscalía Anticorrupción. “No podemos dejar de lado que aquel servidor público, aquel acto de interacción entre particulares y el servicio público que esté afectado de corrupción se quede impune. Es necesario que tengamos el compromiso de avanzar en estos entes de investigación y sanción. Disminuir los privilegios a los servidores públicos es un buen paso hacia esta parte de transparencia. “A esto queremos comprometernos. Eliminar el fuero, así como ustedes lo han solicitado, así lo estamos trabajando y en esto existe un amplio consenso”.
Aseguró que de esta manera “Jalisco irá a la vanguardia nacional como es un reclamo y una exigencia que hemos estado escuchando, y a esto estamos comprometidos”. Destacar en el país por su Sistema Estatal Anticorrupción.
Otras participaciones
Culminó esta etapa del Foro con las participaciones del Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohortes, sobre “La Participación Social y las Herramientas Anticorrupción; Gilberto Tinajero Díaz, académico, quien habló a nombre del Consejo Económico y Social para el Desarrollo y la Competitividad (CESJAL), sobre “Estrategias Anticorrupción para el Desarrollo de Jalisco”, y finalmente el Regidor de Guadalajara, Alfonso Petersen Farah, en cuanto a “Empoderamiento de la Representación Social en los Comités de Adquisiciones”.
Bohortes hizo amplia exposición sobre el fenómeno de la corrupción y su presencia en México y ante el clamor social por combatirla, para “darle la vuelta a una historia que ha sido cruda y amarga” y propuso actuar con rapidez, ya que resolver este problema que todavía podrá seguir en los próximos diez años, y se refirió al Sistema Nacional Anticorrupción.
Apuntó que no hay sistema anticorrupción que funcione sin una intervención estratégica de la comunidad. “No es un ejercicio de autorregulación de los funcionarios públicos. Tiene que ser un ejercicio de control democrático de la sociedad en la que trabajan y a la sirven”, y aseguró que una de las principales opciones es desmantelar las redes de corrupción.
Tinajero Díaz presentó un video respecto a la forma en que se presenta la corrupción en las candidaturas políticas, en que son apoyadas para comprometer después el pago de los favores, operando redes y mafias. Concluyó al mencionar las virtudes cardinales contra la corrupción: templanza, fortaleza, justicia y prudencia en el servidor público, en el empresario y en el ciudadano, “nos permitirá tener una mejor sociedad y un mejor Estado”.
Petersen Farah destacó que la representación de particulares en los comités de adquisiciones no debe estar allí para defender los intereses de los empresarios, sino de la sociedad, aun cuando no reciben un sueldo ni prestación y sí bastante actividad. Considera que la representación debe ir más allá de votar a favor o en contra de un proceso, por lo que es necesario hacer un cambio en las leyes de adquisiciones y asignación de obra, para que la representación social por parte de las organizaciones empresariales tenga derecho a veto, no sólo a voto.
“Tenga derecho de decir: esta licitación no pasa porque no se han cumplido los preceptos que marca la ley y por lo tanto se tiene que reprogramar hasta en tanto se lleven a cabo las correcciones necesarias de lo que estamos demandando”, y así evitar la corrupción o favoritismos.
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