Algunos legisladores se manifestaron en contra al considerar que es el inicio de la privatización de los servicios.
El Pleno del Congreso del Estado aprobó por mayoría de votos los dictámenes que autorizan la continuidad del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud Jalisco, entre los gobiernos Estatal y Federal, así como la expedición de la Ley del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal Social en Salud de Jalisco.
Con 34 votos a favor y la oposición de la Fracción Parlamentaria del PRD y del diputado José Luis Sánchez González, de Movimiento Ciudadano, por considerar que estas modificaciones legales son “el primer paso hacia la privatización de los servicios de salud”, los diputados de Jalisco avalaron en el Pleno los dictámenes elaborados por las comisiones de Hacienda y Presupuestos; y Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos.
El acuerdo de coordinación permitirá formalizar una alianza de trabajo y colaboración por tiempo indefinido entre el Ejecutivo Estatal y el Gobierno Federal, para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) por tiempo indefinido, tal y como se establece en el artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.
En tanto, la expedición de la Ley del Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud Jalisco, tiene por objeto darle independencia mediante la creación de un organismo con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión.
Dicha ley se divide en cuatro capítulos: disposiciones generales, atribuciones, órganos de gobierno y disposiciones complementarias. El Régimen Estatal de Protección Social en Salud Jalisco, estará regido por una Junta de Gobierno integrada por diversos funcionarios del Ejecutivo estatal, además de representantes de universidades públicas y privadas que imparten la carrera de Medicina.
Se perjudicará a los que menos tienen
Algunos diputados subieron a tribuna para manifestarse en contra de los dictámenes planteados: señalaron que dichas reformas constituían el inicio de la privatización de los servicios de sanidad, lo que a mediano y largo plazo afectará a quienes disponen de menos recursos económicos.
El legislador José Luis Sánchez González calificó el tema de “importancia capital”, y se dijo en contra de crear un organismo que podría convertirse en un coto de poder, al contar con demasiadas facultades al manejar el presupuesto del Seguro Popular y tener la posibilidad de elegir a los proveedores, por lo que sugirió que sea revisado por una contraloría ciudadana. Señaló que esta acción no beneficiará a la mayoría, pues la tendencia debiera ser hacia la igualdad en la atención médica.
Por su parte, el diputado Enrique Velázquez González expuso que estos cambios legales desviarán recursos públicos para atender “cuestiones privadas”, y que la creación de un OPD que proporcione los servicios de salud es una “trampa” para los jaliscienses, que se evidenciará con el transcurrir del tiempo.
En el mismo sentido, su compañera de bancada, diputada Celia Fausto Lizaola, criticó que una vez más el Poder Legislativo sea urgido por el Ejecutivo a realizar trámites en forma apresurada, y dijo que la exposición de motivos de la iniciativa es “chata”, sin diagnóstico ni datos precisos, además de adelantar que esta acción es “la antesala para la privatización de la salud”.
Aunque votaron a favor de la propuesta en lo general, los legisladores Juan José Cuevas García, Gildardo Guerrero Torres y Luis Guillermo Martínez Mora, se manifestaron a favor de implementar una cobertura universal en los servicios de salud; incluso, se propuso una reforma al artículo 4 de la Ley del OPD Régimen Estatal Social en Salud de Jalisco, misma que fue rechazada.
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