Es el cuarto estado que se adhiere al nuevo ordenamiento; las diferentes fracciones parlamentarias se pronunciaron al respecto.
El Pleno del Congreso del Estado de Jalisco votó a favor el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción. El documento remitido por el Senado de la República se recibió y aprobó hoy lunes.
En Sesión Extraordinaria, los diputados de Jalisco dieron por recibido el oficio donde se plasman los cambios a la Carta Magna para combatir la corrupción, que previamente se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, donde se aprobó por unanimidad. Luego de esto, en una segunda sesión extraordinaria se estrecharon términos para agilizar el proceso, avalándose por los 38 diputados presentes.
Con este procedimiento, Jalisco se convierte en el cuarto estado en aprobar la reforma constitucional; misma que requiere el apoyo de de la mitad más uno de los congresos locales para completar el proceso legislativo.
Si bien, los legisladores expresaron su satisfacción por completar el proceso en el Congreso de Jalisco, la mayoría de ellos coincidió en señalar que la reforma aún es perfectible y que se dejaron de lado algunos elementos que posteriormente se deberán incluir.
Puntos destacados de la reforma constitucional de combate a la corrupción:
- Reforma 14 artículos de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.
- Se establece la procedencia de extinción de dominio en materia de enriquecimiento ilícito.
- La Cámara de Diputados nombrará a los titulares de los órganos de control interno de los organismos constitucionales autónomos.
- El Senado de la República ratificará el nombramiento del titular del titular del órgano de control interno del Ejecutivo Federal.
- Será obligatorio la declaración patrimonial de de los servidores públicos y declaración de intereses.
- Ampliación del periodo de prescripción en delitos de materia de responsabilidad de servidores públicos.
- Creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, que debe ser replicado por los estados.
- Se creará también un nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con plena autonomía.
- Creación de una Fiscalía Especial en materia de Delitos Anticorrupción.
- Nuevas facultades a la Auditoría Superior de la Federación.
Luego de darse la votación a favor del dictamen, distintos legisladores subieron a tribuna para exponer lo que a su juicio ameritaba destacar respecto a la reforma constitucional:
PRD, se pronuncia por completar la reforma a nivel local
El diputado Rodolfo Gaspar Echegaray, a nombre del Partido de la Revolución Democrática, celebró la consumación de esta propuesta que se traduce en nueva herramienta legislativa del país, además, recordó que su fracción parlamentaria presentó hace dos años una iniciativa de ley local en la materia, y que en su momento la legislación local deberá contemplar más aspectos.
Agregó que luego de muchos años de reclamo ciudadano se alcanzaron estas modificaciones legales, sin embargo, lo calificó como “incompleto, hace falta trabajar mucho para terminar con la corrupción, el engaño a los ciudadanos, falta de valores de políticos, empresarios y algunas clases sociales”. Expuso que la corrupción no es parte cultural de los mexicanos, sino un problema de impunidad, mismo que se debe atacar con legislación clara y contundente que castigue los actos ilícitos cometidos tanto por funcionarios públicos como por particulares.
Su compañero de bancada, diputado Gabino Berumen Cervantes, reiteró que el partido político al que pertenece siempre estará atento a dialogar y trabajar para alcanzar los acuerdos necesarios para mejorar la legislación local y federal. Agregó que la corrupción es “un cáncer que está lacerando a la sociedad mexicana y que no podemos pasar desapercibido, debemos eliminar al 100% la corrupción.
Movimiento Ciudadano plantea mejorar la reforma
De Movimiento Ciudadano, el diputado Clemente Castañeda Hoeflich celebró algunos aciertos que se logran contra la corrupción, como fortalecer la Auditoría Superior de la Federación, la obligación de presentar declaraciones patrimoniales, así como que exista el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema.
A pesar de lo anterior, la reforma tiene diversas limitaciones que fueron señaladas por diputados federales de Movimiento Ciudadano y de otras fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, y que lamentablemente no fueron atendidas posteriormente en el Senado:
“La más grave, sin lugar a dudas, es que no se elimina la inmunidad del Presidente de la República, por lo que seguirá siendo inviable procesarlo por actos de corrupción. Es decir, este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción podrá tocar todos los órdenes de gobierno, pero no al Presidente.
“En segundo lugar, se deja intacta la figura del fuero; no hubo una revisión ni un debate sobre sus alcances y características. No se trata de eliminarlo y dejar la puerta abierta a la persecución política de quienes ostenten el poder, pero nosotros sí estamos convencidos que se debe revisar la figura para darle su justa dimensión y que no sea, como lo que es ahora, un pasaporte a la impunidad. El fuero debe ser entendido exclusivamente como una herramienta para evitar la persecución selectiva de quienes toman decisiones institucionales, y no como un boleto para cometer actos de corrupción.
“Una de más de las limitaciones de la reforma es la ausencia de mecanismos de participación ciudadana para combatir la corrupción. En México seguimos olvidando que la participación ciudadana debe fungir como un instrumento de rendición de cuentas vertical, que genere contrapesos, diálogo y transparencia. Es cierto que se crea el Comité de Participación Ciudadana dentro del Sistema, pero quedaron ausentes otros instrumentos de vigilancia, monitoreo y evaluación ciudadana”.
Por su parte, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, dijo que no “podemos echar las campanas al vuelo, festinando que ya tenemos un Sistema Anticorrupción”, mientras que los servidores públicos sigan teniendo fuero, sino que éste sea replanteado, “porque entonces las responsabilidades administrativas y los hechos de corrupción seguirán quedando en la impunidad".
Agregó que “si no lo hacemos en esta lógica, se corre el riesgo de generar una enorme expectativa para los ciudadanos y que al final del día siga habiendo uso de helicópteros públicos en beneficio de familiares o de actores privados, o de que pueda seguir habiendo “casas blancas” en posesión del Presidente de la República, de las cuales nadie habla, ni siquiera quien supuestamente estuvo encargado para investigar que es el secretario de la Función Pública”.
Luego se refirió al desfalco que hubo en el Congreso del Estado en las pasadas legislaturas, casos como López Castro, Ola Outsourcing y SAE (Sistemas Administrativos Empresariales), donde se vieron involucrados diversos funcionarios, ex diputados y particulares para enriquecerse de manera ilícita. Asimismo, están presentes los recientes escándalos generados por “un magistrado con licencia del Supremo Tribunal de Justicia, que fue señalado de operar políticamente a favor de candidatos del PRI, invitando a la comisión de delitos electorales y haciendo gala de tráfico de influencias.
“Tampoco queda exento de dichas prácticas el propio Poder Judicial, quien recientemente fue acusado de ilegalidades e inmoralidades en las que han incurrido los miembros del Consejo de la Judicatura en la designación de 95 jueces orales; pues se denuncia que 24 de los 95 nombramientos recayeron en candidatos que no cumplían con los requisitos marcados en la convocatoria”.
Sin embargo, destacó que se empieza a dar un paso importante contra la corrupción, con dicha reforma, pero lo considera insuficiente, ya que se requieren ciertas medidas y acciones que garanticen la viabilidad del Sistema Nacional Anticorrupción, “donde la Secretaría de la Función Pública, Auditoria Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y el Tribunal Federal de Cuentas y demás instituciones involucradas, sean organismos autónomos e independientes, con plena autonomía en sus determinaciones y ajena a intereses y compromisos políticos.
“Se debe atacar no sólo a los corruptos sino a las causas que generan la corrupción, establecer un sistema de pesos y contrapesos articulados, reducir los espacios de discrecionalidad donde se genera la corrupción en México, para que puedan ser inhibidos y eliminados”
Será una herramienta útil: PAN
El diputado Juan José Cuevas García, del Partido Acción Nacional dijo que el tema de la corrupción existe desde hace muchos años, y el Sistema Nacional Anticorrupción nació para “limpiar” algunos hechos como la “casa blanca” y otros más, y que resulta lamentable que la ley no sea retroactiva para sancionarlos.
Reconoció que la población exige combatir la corrupción y se busca evitar problemas. Luego habló de las explosiones registradas en el Sector Reforma de esta ciudad, hace 23 años, y todavía no se conozca por qué se dieron, a pesar del tiempo transcurrido. Citó otros casos como las compras “fantasmas”, la corrupción en Puerto Vallarta y otros más, sin que no se haga nada.
Por lo tanto, dijo que ante el hartazgo social que se vive, es necesario más esfuerzo para que la impunidad no continúe y se pronunció para que, por bien de la sociedad, el nuevo ordenamiento legal aprobado este día, se lleve a cabo.
El diputado panista Juan Carlos Márquez Rosas, subió a tribuna para mencionar que con esta nueva legislación deberán combatirse de frente acciones de corrupción, y como ejemplo de ello, sin mencionar nombres de involucrados, citó el caso de un personaje, actual candidato a presidente municipal, que se dice ciudadano, cuyo monto de su patrimonio dijo que rondaba anteriormente los ocho millones de pesos, pero ahora informa que en realidad asciende a más de 40 millones, por lo cual el legislador considera que debe dar una explicación.
Por su parte, el diputado Hernán Cortés Berumen reconoció a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Jalisco, diputada Gabriela Andalón Becerra, por haber convocado a Sesión de Pleno con atingencia, para dar trámite a este asunto. Agregó que el Partido Acción Nacional en el Congreso de la Unión, fue el actor político que mayormente impulsó estas modificaciones constitucionales.
Destacó algunas de las virtudes que plantean las modificaciones, pero lamentó, al igual que otros de sus compañeros, que diversos aspectos que contenía la iniciativa original no se mantuvieron, como es el caso de eliminar la delimitación en gastos de comunicación social y excluir a algunos funcionarios del poder judicial.
PRI reconoce avance, aunque insuficiente
Por el Partido Revolucionario Institucional, abordaron el tema los diputados Héctor Pizano Ramos y Juan Manuel Alatorre Franco, y el primero manifestó que la “corrupción trasciende a las militancias partidistas, proyectos ideológicos y demás circunstancias que se viven día a día”, y además se ha instaurado en un sistema con capacidad de auto regularse y por ende de actualizar mecanismos de defensa; y los “esfuerzos gubernamentales por combatirla, han sido insuficientes”.
Hizo notar que para alcanzar estándares de buen gobierno es necesario “realizar mayores esfuerzos y sobre todo hacer reformas de profundidad, concentrados en la prevención de los actos de corrupción y no en la sanción de los mismos, aunque este segundo aspecto debe modernizarse y debe ser bajo un esquema garantista más efectivo.
No existen estrategias que eliminen por completo los actos de corrupción, pero sí hay aquellas que disminuyen su riesgo y le abonan a la prevención”, y se refirió a la voluntad parlamentaria que hubo para sacar adelante esta reforma constitucional, aunque todavía habrá que dar más pasos con dicho objetivo.
Mencionó que sin embargo se llevaron a la tribuna del Congreso temas de corrupción que se han denunciado en los últimos años, en la actual etapa electoral, aunque se omitió uno de los casos “donde se señala lamentablemente el desvío de recursos en uno de los temas más sensibles de la población, como es la salud, con la posibilidad de que hayan llegado a campañas políticas. Este es un hecho grave de corrupción, al desviarse fondos del Seguro Popular”, con dicha finalidad.
El diputado Alatorre Franco afirmó que la sociedad exige una nación más justa, sin impunidad dentro de la administración pública, con un sistemas prevención y de sanción de los actos de corrupción en el manejo de los recursos públicos, y luego se refirió a los índices registrados en los últimos diez años, con pérdidas 86 mil millones de dólares, ante ese flagelo.
Pero apuntó que con la reforma de 14 artículos de la Constitución, se da un paso histórico hacia la construcción de un andamiaje legal hacia la consolidación de un nuevo modelo en México, para erradicar las acciones deshonestas de los servidores públicos, que han hecho mucho daño al país, y luego mencionó los principales alcances que tiene el Sistema Anticorrupción, como una instancia de coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno.
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