Pretenden reconocer, preservar y difundir la cultura de los pueblos originales.
De manera conjunta, los diputados Nicolás Maestro Landeros, Hugo Daniel Gaeta Esparza y Roberto Mendoza Cárdenas, presentaron Iniciativa que reforma la Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas; así como a la Ley de Promoción y Desarrollo Artesanal, ambas reglamentaciones del Estado de Jalisco.
Buscan proteger, reconocer, fortalecer, preservar y difundir la cultura de los grupos étnicos asentados en Jalisco; replantear el papel que asumen cada una de las instancias del Ejecutivo estatal, a fin de reconocer mediante mecanismos específicos la artesanía original y la que no cumple con los estándares de calidad, diseño y técnica característicos de cada comunidad.
Esta propuesta se plantea debido a que actualmente la Comisión Estatal Indígena orienta y promueve la protección de los diseños, modelos, productos artesanales y artísticos de los pueblos indígenas a fin de evitar la falsificación e indebida comercialización, pero no precisa el mecanismo a seguir para lograrlo.
Además se pretende elaborar un Registro de Artesanías Indígenas de los pueblos y comunidades originarias del Estado de Jalisco con el objeto de certificar su origen y en su caso, promover la obtención de la marca colectiva de las mismas, ante la dependencia competente.
Inspección a instituciones dedicadas a la prevención y atención de las adicciones
Por otra parte, el diputado Maestro Landeros presentó ante el pleno del Congreso del Estado, Iniciativa de Acuerdo Legislativo que exhorta a los 125 municipios del Estado de Jalisco, a la Secretaría de Salud y al Consejo Estatal Contra las Adicciones para que implementen un operativo conjunto que permita la supervisión, inspección y en su caso, sanción de todas aquellas instituciones dedicadas a la prevención y atención de las adicciones que no den cabal cumplimiento a la ley, reglamentos, protocolos y normas aplicables expedidas por las autoridades sanitarias.
Maestro Landeros afirma que el abuso y la dependencia de sustancias psicoactivas constituye una problemática social y de salud pública; situación que debe atenderse por profesionales y/o instituciones especializadas que cuenten con licencia o permiso de las autoridades correspondientes; así como ajustarse a las normas y reglamentos oficiales. Reiteró que esta propuesta tiene por objeto procurar que el paciente adicto a sustancias psicotrópicas goce de un tratamiento de calidad, sea atendido por profesionales, y se privilegie la salud e integridad física, la dignidad humana, los derechos de libertad personal.
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