El documento prohíbe a legisladores uso de vehículos, pago de telefonía y de seguro de gastos médicos, entre otros.
El Pleno del Poder Legislativo aprobó el Reglamento de Austeridad y Ahorro del propio Congreso del Estado, documento que regirá el gasto bajo los principios de austeridad, racionalidad, eficacia, eficiencia y rendición de cuentas, transparencia y disciplina financiera.
Los sujetos obligados a este documento, todos los servidores públicos que trabajan en el Poder Legislativo, tienen prohibido recibir un sueldo mayor al que ostentan los legisladores o el superior jerárquico, así como gratificaciones al finalizar su encargo y seguro de gastos médicos.
Tampoco se podrán costear viáticos, apoyos en efectivo o especie para realizar viajes al extranjero; equipos o servicio de telefonía móvil y apoyo para gastos de representación oficial a excepción del presidente de la Mesa Directiva del Congreso.
A los diputados, secretario general y titulares de áreas no se les podrán asignar vehículos y los automotores que adquiera el Poder Legislativo deberán ser de carácter utilitario, y éstos deberán ostentar un rótulo que los identifique como patrimonio del Legislativo.
El Diputado Oswaldo Bañales Orozco, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, manifestó que esta reglamentación viene a regir el desempeño de “todos los que trabajamos en el Poder Legislativo, para que tengamos cierto y claro bajo qué lineamientos debemos de servir, bajo la Ley de Austeridad”.
Agregó que la mayoría de los preceptos del reglamento ya se venían realizando a lo largo del primer año de esta LXI Legislatura, sin embargo, ahora se fortalece esa política al “darle un orden administrativo, quitar definitivamente la tentación en el ejercicio de partidas presupuestales, para limitar, acotar y enunciar qué si y qué no se puede hacer, cuando es sí, con qué requisitos”, señaló el legislador. A partir de ahora las próximas legislaturas deberán ceñirse a este mismo régimen, lo que evitará que haya dispendio de los recursos del Congreso del Estado de Jalisco.
La Comisión de Administración será la instancia encargada de vigilar el cumplimiento de las nuevas reglas, así como de aprobar un programa de Austeridad y Ahorro y la Optimización de las Estructuras Orgánicas y Ocupacionales, en el primer semestre de cada Legislatura.
La Secretaría General deberá elaborar y publicar un informe anual sobre el trabajo realizado respecto a los resultados obtenidos del Programa de Ahorro y Austeridad, ésta será considerada información fundamental del Poder Legislativo.
El Programa de Austeridad y Ahorro deberá incluir lineamientos para la reducción del consumo de papel, promover la reutilización de los distintos insumos que lo permitan y establecer políticas internas de ahorro de agua y energía en las instalaciones del Congreso de Jalisco.
Respecto a denuncias y sanciones, toda persona podrá señalar cualquier acto, hecho u omisión que contravenga las disposiciones del reglamento y los servidores públicos que sean responsables de alguna falta serán sancionados de acuerdo a la ley en la materia.
Petición al Congreso de la Unión
Los legisladores también aprobaron dos acuerdos legislativos para solicitarle a la Cámara de Diputados reformar diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco, el primero pretende modificar el Artículo 27 con el objeto de ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de efectuar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población de acuerdo al equilibrio ecológico.
Lo anterior en el contexto de un mejor desarrollo de la pequeña comunidad rural, de la agricultura, ganadería, silvicultura y demás actividades del campo.
El segundo documento busca reformas legales que contribuyan al combate a la corrupción al establecer que los magistrados de los tribunales contenciosos administrativos, puedan participar para la elección de los magistrados integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa y continúen en el cargo si y sólo si son nombrados o ratificados. Aquellos que no resulten nombrados quedarán separados del cargo y recibirán un pago de indemnización equivalente a tres meses de sueldo, con cargo a la entidad pública a la que pertenezca.
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