Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentarán una denuncia penal en contra de la regidora con licencia del Ayuntamiento de Guadalajara y de quien resulte responsable por presuntos delitos de extorsión, abuso de autoridad, falsedad de declaraciones ante la autoridad, enriquecimiento ilícito y delitos cometidos en la administración de la justicia, entre otros.
Así lo manifestaron en rueda de prensa los diputados Víctor Sánchez Orozco, Alberto Esquer Gutiérrez y Guillermo Martínez Mora, quienes señalaron que sus compañeros de bancada Gildardo Guerrero Torres y Jaime Díaz Brambila también firmarán el documento donde no sólo se denuncian hechos, sino que aportarán pruebas para desahogar la investigación.
Sánchez Orozco desacreditó las declaraciones de quienes han asegurado de que no existían elementos para iniciar una indagatoria: “nos parece desafortunado que se diga que no hay pruebas, creemos que lo más grave es la forma en que ha crecido el patrimonio de esta funcionaria con licencia. Estamos hablando de por lo menos 10 pruebas para desahogarse y todas ellas serían pruebas plenas, contrario a lo que ha dicho el presidente municipal”.
Señalaron que se debe citar a los trabajadores del municipio que pudieran estar relacionados con supuestas irregularidades, así como a los comerciantes que manifestaron una posible extorsión de parte de Ayón Hernández. Que procede solicitar copias certificadas de sus declaraciones patrimoniales, así como un informe al Registro Público de la Propiedad, respecto a sus bienes.
También plantean que el Servicio de Administración Tributaria, la Contraloría del Estado, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Dirección de Pensiones del Estado, así como la Secretaría de Finanzas pueden ser fuentes de información oficial y contundente en la investigación.
“Los ilícitos están claros, el enriquecimiento ilícito es prueba plena y lo que solicitamos es que se abra una investigación seria y responsable”, expuso Esquer Gutiérrez. En tanto que Martínez Mora dijo que es una oportunidad para que el Gobierno del Estado y la Fiscalía General demuestren que la justicia es para todos, sin criterios políticos.
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