Transporte gratuito, apoyos a grupos vulnerables, reparto de mochilas con útiles, programas en comunidades indígenas, entre los principales cuestionamientos que los diputados miembros de las comisiones de Desarrollo Humano y Familia, Equidad y Género, Asuntos Indígenas y Juventud y Deporte, plantearon al titular de la Secretaría de Desarrollo Humano e Integración Social, Salvador Rizo Castelo, durante su comparecencia.
La diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, que preside la Comisión de Desarrollo Humano y Familia, fue la encargada de coordinar este ejercicio, y quien pidió conocer los resultados de los programas de asistencia social emprendidos por la dependencia para abatir la pobreza extrema; así como, los implementados en beneficio de grupos vulnerables, específicamente los dirigidos a personas con capacidades diferentes.
La diputada Mariana Arámbula Meléndez expuso que esta secretaría focalizó la política de bienestar en programas cuyas metas siguen sin cumplirse. Solicitó informes sobre diversos apoyos sociales, como el transporte gratuito, becas para estudiantes de las comunidades indígenas, dotación de mochilas y útiles escolares a estudiantes de educación básica, apoyo económico a madres jefas de familia y adultos mayores.
En el mismo tenor se pronunció la legisladora Fabiola Loya Hernández, quien no sólo cuestionó la aplicación de recursos en la implementación de programas sociales, sino la falta de indicadores de bienestar que evalúen el impacto de su aplicación y el total de beneficiados. Además, pidió se publique el Padrón Único de Beneficiarios.
El diputado Jesús Palos Vaca pidió conocer el trámite de entrega de apoyos de transporte a beneficiarios que habitan la Zona Metropolitana de Guadalajara y de municipios del interior del estado. Además, solicitó conocer los programas de asistencia social que ofrecen en beneficio de los adultos mayores, coincidió con este planteamiento el legislador Jaime Prieto Pérez.
Al responder a estos cuestionamientos, Rizo Castelo resaltó que las instituciones encargadas de las políticas sociales trabajan de manera transversal priorizando la atención a grupos vulnerables y las acciones gubernamentales. El trabajo de la dependencia está dividido en cinco ejes prioritarios: seguridad alimentaria, infraestructura social, acceso a los servicios básicos y vivienda, no discriminación y bienestar económico.
Destacó la función de la Subsecretaría de Participación Social y Ciudadana, así como de los agentes de bienestar que iniciarán su labor este año, teniendo como principal función el incentivar la participación comunitaria de la sociedad.
Respecto al programa de transporte gratuito destacó que implementaron procedimientos y reglas de operación que permiten constatar que el beneficiario de este apoyo reúne los requisitos. Se priorizó la selección de acuerdo al índice de vulnerabilidad de los solicitantes, logrando un total de un millón 696 mil beneficiarios. Refirió que este programa depende de la condición geográfica de los municipios y que también apoyaran con bicicletas a estudiantes de la Zona Norte, Valles y Ciénega.
Respecto al Padrón Único de Beneficiarios, dijo que aún se evalúa pero que el 25 de febrero el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz presentará el listado de manera oficial. Este manual que contempla 77 variables que modernizan los procesos y el sistema de solicitantes, permite definir y mejorar las políticas públicas y mejorar la aplicación de recursos.
Por su parte, el diputado Hugo Gaeta Esparza, preguntó sobre los programas para generar empleos para mujeres integrantes de etnias indígenas y respecto a políticas públicas destinadas a promover la perspectiva de género. De igual manera, el legislador Clemente Castañeda Hoeflich pidió la inclusión de las comunidades indígenas en el diseño de programas, en la aplicación de políticas públicas y la toma de decisiones.
Insistió en la necesidad de que crear un comité técnico dentro del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal Indígena, para dictaminar nuevas comunidades y localidades para ser incluidos dentro de los programas de la dependencia.
Mientras que el diputado Julio Nelson García Sánchez, solicitó información respecto a la labor del Consejo Estatal de Familia, específicamente en el tema de abandono institucional de infantes y sobre las acciones para evitar la violencia de género. El legislador Gildardo Guerrero Torres hizo hincapié en que el reparto de mochilas no cumplió con su cometido.
El diputado Enrique Velázquez González destacó que los programas sociales desarrollados en los últimos años no han sido operados de manera eficiente, en tanto que su compañero, Juan José Cuevas García, insistió en la firma de un convenio con transportistas para otorgar traslado gratuito a todos los estudiantes del estado.
El secretario Rizo Castelo contestó a las inquietudes de los legisladores, señalando que actualmente hay seis mil 180 infantes distribuidos en diferentes albergues, de los cuales mil 020 niños se encuentran bajo la tutela del estado y de éstos 621 están ubicados en el Consejo Estatal de Familia y 399 en el Hospicio Cabañas. Explicó que la prioridad es no afectar la integridad de estos pequeños y reintegrarlos en una familia para su desarrollo.
Sobre los cuestionamientos del programa de mochilas útiles respondió que está en proceso de perfeccionamiento en cuanto a calidad, tamaño y licitación de los productos. Respecto a la problemática que presentan los pueblos originales indicó que se destinaron 200 millones de pesos para beneficio de las familias indígenas y que se trabaja en el reconocimiento de comunidades indígenas establecidas en varios municipios.
Respecto a la construcción de los hospitales de Tuxpan de Bolaños y Huejuquilla dijo que aún están en la búsqueda del terreno adecuado para su edificación, ya que en ambas sedes se tiene contemplada la construcción de un albergue cercano a estos centros de salud.
La directora del Instituto de la Mujer, Mariana Fernández Ramírez, destacó los programas para abatir el problema de la violencia de género, así como el funcionamiento de dos módulos receptores de quejas, donde han presentado hasta el momento 17 mil 230 asuntos. Además se ha capacitado a los servidores públicos con campañas permanentes, sobre el trato a las víctimas y se imparten cursos sobre el tema a mujeres integrantes de comunidades indígenas.
Luis Cisneros, director del Instituto del Adulto Mayor, hizo referencia a los apoyos que se brindan a este grupo. Dijo que se basan en cuatro indicadores de bienestar: seguridad de ingresos, de salud, empleo y educación, y proporcionar un ambiente favorable y confortable.
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