Propone que sea delito de abuso de autoridad cuando un servidor público disponga de elementos operativos para su protección o la de terceros, en caso de que no tenga un estudio técnico que acredite que está en riesgo.
Para dar orden a los procedimientos, eficientar los recursos públicos pero sobre todo incrementar la seguridad en Jalisco, el Diputado Augusto Valencia López presentará ante el Pleno del Congreso de Jalisco una iniciativa de ley para regular la asignación y operación de escoltas para funcionarios públicos, ex autoridades y empresarios.
La propuesta, que pretende eliminar la discrecionalidad en el tema, modifica y adiciona diversos artículos a la Ley del Sistema de Seguridad Pública y del Código Penal, para inhibir el uso indiscriminado de escoltas, regular y controlar las actividades que realizan estos elementos.
“Es inadmisible, injusto e ilegal que sólo unos cuantos utilicen protección particular y dejen a los ciudadanos a su suerte, ya que la asignación de escoltas es en menoscabo de la seguridad pública y eso lo tenemos documentado, la disminución del estado de fuerza por elementos que se van a cuidar a unos cuantos. Estas decisiones se hacen de forma discrecional y aunque debiera existir un dictamen técnico, no lo tienen, no lo hacen o no lo quieren compartir”, expuso el diputado.
Agregó que tanto el ex gobernador Emilio González Márquez como el actual Aristóteles Sandoval Díaz firmaron decretos para que funcionarios de primer nivel y mandos medios fueran acreedores de este tipo de servicio, y en el caso del mandatario en funciones dicha acción contraviene la Ley de Austeridad.
Detalló que según datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática hay tres mil 500 policías municipales y estatales, se estima que alrededor de 500 realizan funciones de escolta y 200 están comisionados al cuidado del titular del Poder Ejecutivo y su familia. Lo anterior se traduce en que aproximadamente 10 millones de pesos mensuales se destinan sólo por concepto salarios (sin sumar el uso de vehículos, armamento y combustible).
El Diputado Valencia López plantea crear el Servicio de Protección Estatal (una comisión parecida a la Nacional de Seguridad), la cual estaría bajo adscripción del Comisionado de Seguridad Pública para que sea la responsable de analizar los estudios técnicos y dictamine en cinco días hábiles quién realmente necesita la vigilancia personalizada. Y mientras se dictamina se le otorgará al solicitante protección provisional adecuada.
Asimismo, que el funcionario o empresario pague por la prestación del servicio según la tarifa que establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En caso de que una persona no pueda pagar se haga un estudio socioeconómico para que se exente del gasto.
El Servicio de Protección Estatal deberá elaborar un padrón que reúna a todos los escoltas públicos y privados que presten sus servicios, y un registro que dé constancia que están capacitados y certificados, así como que se respeten los derechos laborales, sus garantías psicológicas, familiares y profesionales, pues algunos terminan haciendo los quehaceres domésticos de las familias de los funcionarios públicos, además de establecer protocolos y reglas de actuación de los escoltas para que se apeguen al respeto a los derechos humanos.
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