Con el propósito de transparentar y regular los ingresos obtenidos del impuesto sobre hospedaje e implementar un criterio de justicia distributiva para el destino de estos recursos públicos, la diputada María Padilla Romo, presentó una iniciativa para reformar el artículo 5 de la Ley de Coordinación Fiscal, el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y adicionar un artículo 52 bis a la Ley de Hacienda.
Al presentar su propuesta, resaltó la prioridad de legislar de manera urgente sobre este tema, afirmó que mientras unos cuantos dilapidan los recursos públicos al patrocinar eventos, existen sectores desprotegidos que se deben atender. En Jalisco viven un millón 264 mil 817 personas con alguna discapacidad, limitación o condición mental; población que representa el 15.2% del total de la población.
Para el 2022, este impuesto representará ingresos para la Entidad por alrededor de 352 millones de pesos (mdp), recursos públicos que se reparten y administran a través de los llamados fideicomisos de turismo, permitiendo su discrecionalidad, puntualizó la diputada. Con esta reforma, se dispondrán de menos de mil millones de pesos para contribuir a la autonomía y libertad de las personas que viven con barreras físicas que les impiden su desarrollo en igualdad de circunstancias.
Explicó que, con esta adecuación, al menos el 50 por ciento de los recursos del impuesto sobre hospedaje de los próximos 5 años se adjudicarían al equipamiento para la accesibilidad de personas con discapacidad, con la posibilidad de ampliar el monto y los plazos indefinidamente; además, se limita el gasto administrativo al 3 por ciento de los ingresos obtenidos por esta vía; y se recomienda que la Auditoría Superior del Estado (ASEJ) fiscalice los recursos de los fideicomisos de los últimos cinco años.
Detalló que, actualmente se destinan 30 mdp al presupuesto transversal de derechos humanos para su atención, sin incluir obras ni equipamientos para facilitar el acceso y desplazamiento de personas con discapacidad; menos aún, programas de turismo inclusivo. Propuso anexar en el gasto público destinado al turismo, otros rubros que inciden en el bienestar de la gente, a fin de que las ciudades sean atractivas para los turistas en lo que respecta a su estructura urbana, seguridad pública y accesibilidad de las personas con discapacidad.
Padilla Romo planteó canalizar los recursos a favor de los municipios, delimitando su uso para promoción turística, garantizando su optimización para el máximo impacto de las campañas publicitarias y con la prohibición expresa de utilizar este dinero para fines de promoción personal o patrocinios injustificados. Puso como ejemplo el caso donde el Gobierno del Estado destinó la recaudación de este impuesto para patrocinar a un piloto de carreras en la Fórmula 1, para pagar a funcionarios públicos y ofrecer banquetes, mientras que “los pueblos y ciudades sufren limitaciones presupuestarias para dar servicios a la gente”.
