En el marco de la conmemoración del 25 de noviembre como “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, la diputada Dolores López Jara, presentó diversas propuestas para generar acciones legislativas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Advirtió que se requiere visibilizar la violencia contra las mujeres y niñas que durante la pandemia del COVID-19 se ha acentuado. En México, diariamente se denuncian 58 casos por el delito de violación sexual, de enero a septiembre del 2021 se iniciaron 15 mil 744 carpetas de investigación por este delito; lo anterior representa un 28.7% más en comparación al mismo periodo del 2020.
López Jara propuso realizar dos reformas a la Constitución Política del Estado, la primera para modificar los artículos 21, 37, 59, 63 y 74, para establecer como requisito que, para ser diputado, gobernador, magistrado, juez, presidente municipal, síndico o regidor, no hayan sido condenados por los delitos de abuso sexual infantil, violación, feminicidio, homicidio y/o parricidio.
“Hoy más que nunca debemos hacer un llamado enérgico para que, quienes se encargan de crear las leyes, los reglamentos y de aplicar la justicia, tengan un perfil alejado de la lógica de la violencia. Hacer efectivo el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia, instrumentando mecanismos que permitan contar con representantes populares, magistrados, jueces y servidores públicos que estén libres de violencia, y no como autores de ésta”, subrayó.
La segunda propuesta pretende dar el debido reconocimiento del derecho al cuidado. Plantea reformar el artículo 4º de esta misma reglamentación, con el objeto de establecer que todas las personas tienen derecho al cuidado que sustente su vida y les otorguen los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida.
De aprobarse, las autoridades deberán establecer un sistema de cuidados que preste servicios públicos universales, accesibles, incluyentes, pertinentes, suficientes y de calidad y desarrolle políticas públicas con perspectiva de género y de masculinidades; así como, implementar las medidas necesarias para fomentar la corresponsabilidad del trabajo doméstico y de cuidados en las familias, a fin de reducir la desigualdad de derechos, la precarización del trabajo, violencia y discriminación laboral hacia las mujeres; al igual que, las desigualdades de género.
Por último, la diputada propuso adicionar un séptimo párrafo al artículo 42 de la Ley Para los Servidores públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios para que puedan ser sujetos a permisos y licencias para acudir a las diligencias en el caso de ser víctimas de violencia en razón de género. Se busca incidir para que las mujeres tengan mayores incentivos para el acceso al derecho humano a la justicia, hasta ahora negada en el 90% de los procedimientos legales, sobre todo, de tipo penal, ya que o no denuncian o simplemente las sentencias no llegan.
Refirió que esta iniciativa se propone inicialmente sólo para servidores públicos pero que posteriormente realizará consensos con empresarios para que la tomen en cuenta para incluirla en sus reglamentos internos.
