Para excluir a la corrupción de la obra pública que realiza el Estado y al mismo tiempo mejorar la calidad de las construcciones y proyectos a un costo racional, la diputada Rocío Corona Nakamura presentó hoy ante los medios de comunicación la iniciativa para crear la Ley de Contratación de Obra Pública del Estado de Jalisco.
Esta mañana en rueda de prensa la legisladora manifestó que es un secreto a voces la utilización de “moche” y “cochupo” en una relación degenerada entre gobernantes y constructores, lo que provoca que una gran cantidad de proyectos públicos presenten deficiencias, baja calidad, incumpliendo en plazos y costos.
Para revertir esta situación la legislación propuesta plantea, entre otras sanciones, la “muerte civil” para aquel funcionario que participe en algún acto de corrupción al momento de asignar o contratar obra pública; inhabilitar a constructoras con antecedentes del mismo tipo, uso de información privilegiada u otras acciones contempladas en el Sistema Estatal Anticorrupción.
Antes de iniciar el proceso de contratación se deberá garantizar la disposición de recursos para poder dar certidumbre a la terminación misma de la obra; la adjudicación directa únicamente podrá efectuarse en casos de urgencia y emergencia, tales como desastres naturales o situaciones de salud pública.
De igual forma se impondrán candados para evitar trabajar con empresas dedicadas a la construcción ex profeso para proyectos en particular: “Las constructoras de ocasión son un vicio de malos servidores públicos que han llegado a decir cínicamente ‘político sin constructora no es político’, es urgente poner un freno firme y contundente a esta situación, al ser aprobada esta legislación deberán acreditar una antigüedad mínima de cuatro años”, expuso la legisladora.
Respecto a la invitación abierta, ésta deberá realizarse a cualquier contratista que pretenda participar, con capacidad técnica y económica y será los ciudadanos quienes definan al ganador. Además, previo a que el Estado o los municipios reciban una obra, la autoridad deberá realizarle una auditoria técnica de calidad y el violar el plazo de entrega sería penalizada con una multa de dos pesos al millar del precio pactado.
Se contempla habilitar un comité ciudadano de contratación de obra pública integrado por tres ciudadanos, nombrados directamente por el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado. También se crearán comités de contraloría social, constituidos por los vecinos del lugar de la obra, quienes fungirán como observadores.
Esta propuesta se presentará al Pleno del Congreso del Estado en la próxima sesión ordinaria para que sea turnada a las comisiones legislativas correspondientes y de esta manera inicie su análisis y estudio.
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