El reconocimiento del derecho humano de toda persona a ser buscada es una acción real y palpable. La desaparición forzada de personas implica el desconocimiento de su paradero y el sufrimiento constante de sus familiares. En México, este delito es uno de los problemas más complejos ya que implica la violación de los derechos humanos, rubro en que Jalisco ocupa el primer lugar con 15 mil personas reportadas oficialmente como desaparecidas.
Al presentar la memoria de la experiencia legislativa en materia de desaparición de personas en el Estado de Jalisco, denominada “Una lucha por el derecho de las personas a ser buscadas”, la diputada Priscilla Franco Barba relató que las desapariciones provocan un profundo dolor en las familias y se han convertido en un problema grave en el país y en Jalisco. “Estas historias que se plasman son casos que representan no sólo cifras, sino nombres y apellidos, sueños pausados".
Hizo un recuento del trabajo realizado antes de aprobarse las dos reglamentaciones que regulan esta materia, la Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas y la Ley de Personas Desaparecidas. Destacó la recopilación minuciosa y puntual de lo que vivieron las organizaciones civiles, los colectivos y familiares durante el proceso legislativo realizado por la subcomisión legislativa de Derechos Humanos en materia de Desaparición de Personas y Declaración Especial de Ausencia, creada para sacar adelante estas leyes; mismas que, tras 25 mesas de trabajo y 60 horas de análisis fueron aprobadas.
Por su parte, la legisladora Mara Robles Villaseñor hizo mención que este compendio refleja la lucha de organizaciones y familiares para visibilizar este tema. Propuso actualizar y adecuar los marcos normativos de estas reglamentaciones para que cumplan con su propósito, y que, en el siguiente Presupuesto de Egresos del 2023, se destine una partida presupuestal para abatir esta problemática.
Alejandra Nuño Ruiz Velasco, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia "Francisco Suárez SJ" del ITESO, donde se elaboró este compendio de memorias legislativas, explicó que aún falta cumplir con el marco normativo relativo a los derechos humanos; propuso que activistas, funcionarios, diputados y sociedad civil participen activamente para retomar el proceso y destrabar la crisis que provoca en la sociedad el incremento de personas desaparecidas.
Mientras que Anna Karolina Chimiak del área de incidencia del CEPAD; Esperanza Chávez, integrante del colectivo de familias "Por Amor a Ellxs"; Guadalupe Aguilar de "Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ)” y Martha Leticia García de "Entre el Cielo y la Tierra", coincidieron en realizar un llamado a las autoridades para garantizar los derechos de las personas desaparecidas y de sus familias por medio de procesos efectivos de búsqueda.
Afirman que hay demora en la implementación de estas leyes, faltan acciones para evitar que las familias sean re victimizadas; piden se realice un registro de fosas clandestinas y de los cuerpos que estén en el SEMEFO y en los municipios; así como un registro estatal de personas desaparecidas, pues dicen que la falta de ellos retrasa los procesos y no hay certeza real de los datos, cuentan con información no oficial de que hay de 18 a 25 denuncias diarias.
También estuvieron presentes en este evento la diputada Verónica Gabriela Flores Pérez y Alán García Campos de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
