Al presentar los alcances de la reforma a la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, recientemente aprobada en la Comisión Especial para Atender Asuntos Relacionados en Materia de Desaparición de Persona, la diputada presidenta de este cuerpo legislativo, Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez destacó que las modificaciones priorizan el principio de no revictimización y son resultado del trabajo conjunto entre colectivos de búsqueda, víctimas indirectas, academia, autoridades y el Congreso del Estado.
La legisladora recordó que hace aproximadamente un año esta Comisión Especial presentó un diagnóstico integrado por 50 acciones prioritarias, elaborado en conjunto con familias de personas desaparecidas, colectivos de búsqueda, personas buscadoras independientes, académicos y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD). Destacó que este trabajo dio origen a la reforma, la cual incorpora al menos 12 de las acciones planteadas y tiene como propósito fortalecer el marco legal para garantizar un trato digno a las víctimas indirectas.
Entre sus principales ejes se encuentran el fortalecimiento de la coordinación institucional y la atención a víctimas en las distintas regiones del Estado, especialmente fuera del Área Metropolitana de Guadalajara, donde persisten problemas de revictimización, plantea una mayor participación de los 125 municipios de Jalisco para colaborar de manera cercana y coordinada con los colectivos y las familias. Asimismo, incorpora los enfoques psicosocial, de género, especializado y diferencial, además de reforzar el principio de no revictimización.
La propuesta también contempla mejorar la capacitación y coordinación del personal de la Comisión Estatal de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas y la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, con el fin de brindar una atención más eficiente y sensible a las familias. También reconoce y fortalece el derecho de las personas desaparecidas a ser buscadas y de las víctimas indirectas a colocar y difundir fichas de búsqueda.
Por su parte, los representantes de los colectivos de búsqueda, Esperanza Chávez Cárdenas y Martha Isela Morales Valdivia del colectivo "Por Amor a Ellxs"; Héctor Rodolfo Flores González de "Luz de Esperanza"; Martha Leticia García Cruz de "Entre Cielo y Tierra Oficial"; y Ana María Castañeda Hernández de "Sendas de Justicia", coincidieron en que, años atrás, no existía una ley ni una ruta clara para atender los casos de desaparición de personas, mientras que hoy se reconoce que cada hora es determinante para la localización de una persona desaparecida.
Durante su participación, exigieron que las disposiciones contenidas en la reforma se cumplan de manera efectiva. Señalaron que, aunque los cambios legales no resolverán de inmediato los casos pendientes, representan un paso importante para fortalecer la búsqueda y la atención a las familias. Asimismo, expresaron que, si estas reformas logran que otra familia sea escuchada y atendida desde la primera hora de la desaparición, se habrá dado un avance significativo.
En tanto, Jonathan Ávila Guzmán del CEPAD, agradeció la confianza de las familias para acompañar este proceso y destacó que, tras meses de trabajo conjunto, la propuesta logró armonizar la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco con la reciente reforma a la ley general en materia de desaparición, incorporando un enfoque técnico y de atención integral a las víctimas.
Al concluir la conferencia de prensa, la diputada Cárdenas Méndez informó que esta iniciativa de reforma cuenta con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, quienes ya signaron esta adecuación "lo que da esperanza que cuente con los votos necesarios para que sea aprobada en el Pleno".
En la reunión participaron las diputadas María Candelaria Ochoa Ávalos, Itzul Barrera Rodríguez y Valeria Ávila Gutiérrez, así como el legislador Leonardo Almaguer, quienes respaldaron la reforma y destacaron el trabajo conjunto con familias, colectivos e instituciones para fortalecer la búsqueda de personas, la coordinación entre autoridades, la atención y protección a las víctimas; así como, garantizar la transparencia y robustecer la Comisión Estatal de Búsqueda.
