Comisión de Responsabilidades propone al Pleno destituirla e inhabilitarla para ejercer algún cargo público.
La Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado aprobó el dictamen que plantea procedente el juicio político contra la regidora con licencia del Ayuntamiento de Guadalajara, Elisa Ayón Hernández; mismo que propone su destitución e inhabilitación para ejercer cualquier cargo público hasta por 10 años, así como dar parte a la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes.
En sesión realizada hoy por la mañana, ocho de los integrantes de esta comisión legislativa, presidida por el diputado Juan Carlos Márquez Rosas, aprobaron por unanimidad el dictamen 21/2013 que contiene conclusiones acusatorias en relación al juicio interpuesto por José de Jesús Gregorio López Lozano, en contra de Ayón Hernández, por abuso de autoridad y probable enriquecimiento ilícito.
Luego de notificar a la señalada, ésta tendrá la posibilidad de manifestar lo que a su derecho corresponda, en tanto que el Pleno del Congreso, instaurado en jurado de procedencia, resolverá en forma definitiva el asunto.
Las conclusiones acusatorias son tres: una grabación de la voz de la señalada que expone elementos de actos ilícitos cometidos por ella; misma que fue reconocida por la regidora con licencia como de su autoría.
Pruebas documentales que se hizo llegar el Órgano Técnico de la Comisión de Responsabilidades, entre ellas, una constancia del Ayuntamiento de Guadalajara de procedimiento de responsabilidades, donde empleados municipales la acusan de que les exigía una cantidad económica mensual a cambio de garantizarles la permanencia en su cargo.
Los resultados de una investigación en el Registro Público de la Propiedad, que arrojan inconsistencias y contradicciones, así como propiedades no justificadas en relación a sus ingresos.
El legislador Márquez Rosas dio lectura a las conclusiones acusatorias, en las que se declaró procedencia de juicio político y se propuso sancionar con destitución del cargo e inhabilitación de ejercicio de empleos en el servicio público, por un periodo de 10 años. En virtud de que se presumen falsedades respecto a lo plasmado en las declaraciones patrimoniales, se instruye a la Secretaría General del Congreso remita copia a la Fiscalía General del Estado, para que realicen las investigaciones que correspondan.
“Siempre nos mantuvimos apegados a la legalidad, a lo que nos señala la Ley de Responsabilidades; se analizaron los elementos de manera objetiva y responsablemente. En ningún momento utilizamos esta comisión para que nos ayude en el aspecto político, no permitiremos que esta comisión sea un arma o brazo ejecutor para respaldar las intenciones electorales de alguien”, expuso el presidente de la Comisión de Responsabilidades.
Luego de la votación, algunos de los integrantes del órgano legislativo hicieron uso de la palabra para exponer su postura. El diputado Gildardo Guerrero Torres aseguró que este proceso enaltece a la política, pues se debe sancionar a quienes se aprovechen del cargo público para cometer ilícitos, y manifestó su felicitación a los diferentes grupos parlamentarios por la decisión.
El legislador Salvador Zamora Zamora, se manifestó a favor del contenido del dictamen, pero aseguró que Elisa Ayón no actuó en lo individual y que definitivamente existe una red de corrupción, que obviamente involucra a otros responsables. Agregó que la inhabilitación para el ejercicio público no es suficiente, y que ahora corresponde a otras instancias castigos mayores y ejemplares.
Por su parte, el diputado Rafael González Pimienta manifestó que este caso no debe tomarse en forma generalizada; aseguró a nombre de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, que él y sus compañeros de bancada actuarán conforme a derecho en este y todos los casos que se aborden en la Comisión de Responsabilidades.
Desechan juicio político
La Comisión de Responsabilidades aprobó también este lunes desechar la solicitud de juicio político en contra del tesorero municipal de Guadalajara, Francisco Javier Padilla Villarruel, al concluir que carece de varios requisitos esenciales para su procedencia.
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