Que el marco legal no deje hendidura o puerta abierta para actos de corrupción, pero que al mismo tiempo impulse un crecimiento urbano sustentable, armónico y pertinente, son algunos de los principales objetivos de la nueva Ley de Obra Pública y las reformas que realizaron los diputados al Código Urbano y la Ley de Coordinación Metropolitana, para armonizarlas con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Esta tarde los legisladores avalaron en el Pleno los dictámenes que habían emitido las comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos y Desarrollo Urbano del Poder Legislativo, derivados de las iniciativas que presentaron distintos legisladores.
Los cambios al Código Urbano y a la Ley de Coordinación Metropolitana se acordaron a fin de vincular la movilidad y vivienda, para que los desarrollos habitaciones tengan como alternativa clara el acceso al transporte público, así como optimizar la infraestructura de los servicios públicos.
También se busca repoblar Guadalajara, ya que entre 2005 y 2015 se marcharon de la capital de Jalisco 140 mil 792 personas, es decir, un promedio de 38.57 habitantes diarios, lo que ha ocasionado que en el Centro Histórico de la ciudad hay un millón de metros cuadrados construidos y abandonados.
Algunas de las bondades de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios son:
Se fortalece el combate contra la impunidad y la corrupción. Se erradicarán prácticas relacionadas con la corrupción, originadas en los concursos de licitación; se privilegia la transparencia desde el proceso de licitación o adjudicación, hasta la conclusión de la obra proyectada.
Se garantiza igualdad para los constructores al momento de participar en concursos y licitaciones, quienes deberán rendir cuentas de los diferentes proyectos realizados, al igual que los servidores públicos.
Se crean dos figuras ciudadanas: el “testigo social” tendrá como tarea ser el representante de la sociedad civil, en forma honorífica, que participa con derecho a voz en los procesos de adjudicación y contratación que llevan a cabo las dependencias quienes deberán emitir al término de su participación un testimonio.
En tanto que la “contraloría social”, será la instancia que verifique el cumplimiento y la correcta aplicación de los recursos públicos en la ejecución de las obras contratadas. La nueva legislación abre la puerta a las micro, pequeñas, y medianas empresas jaliscienses en los procesos de licitación.
Se crea el “Banco de Proyectos del Estado de Jalisco”, aplicación digital cuya función será registrar todos los planes, programas, estudios obras y proyectos previamente a ejecutarse con el fin de concentrar la información en un mismo registro al que se tenga acceso en todo el Estado. De igual forma, se habilita el “Padrón Único de Contratistas”, éste impulsará el perfil y especialidad de los contratistas con datos precisos sobre su actividad profesional, especialidad, capacidad técnica, económica y de ejecución, experiencia, historial de cumplimiento, currículum de la empresa y su personal técnico.
La nueva ley también pugnará por garantizar la protección del territorio y derechos de los indígenas del Estado, tratándose de obras públicas y servicios relacionados que se pretendan implementar en tierras y territorios indígenas, los entes públicos deberán asegurar la participación efectiva de los miembros de los pueblos indígenas, atendiendo a sus usos, costumbres y tradiciones.
Cabe destacar que a partir de la entrada en vigor de este nuevo marco legal los planes parciales de desarrollo no podrán ser aprobados sin la existencia de un atlas de riesgo, donde se acoten las situaciones de riesgo.
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