Esclarecer las decisiones del operativo, las posibles responsabilidades policiales y las condiciones en que fueron detenidos los manifestantes fueron algunos de los cuestionamientos planteados por las diputadas y diputados durante la comparecencia del Gabinete de Seguridad del Estado.
Garantizar el derecho a la manifestación, el acceso a la justicia y el respeto a los derechos humanos, fueron los temas centrales durante la comparecencia del Gabinete de Seguridad ante el Congreso de Jalisco, convocada para conocer las actuaciones de las autoridades durante la movilización del 11 de octubre, en la que ciudadanos exigieron agua de calidad.
La reunión fue encabezada por las comisiones legislativas de Seguridad y Justicia, y la Comisión Especial para Atender Asuntos Relacionados en Materia de Desaparición de Personas en Jalisco, que preside la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz y Tonatzin Cárdenas Méndez; encuentro que acudieron alrededor de 19 diputadas y diputados de diferentes grupos parlamentarios
Durante el ejercicio de rendición de cuentas, se les cuestionó a los funcionarios sobre la planeación del operativo, la cadena de mando y la autorización del uso de la fuerza pública, asimismo solicitaron conocer quién ordenó las detenciones, qué mandos supervisaron las acciones y si existían documentos que respaldaran dichas decisiones.
El primero en intervenir fue el secretario general de Gobierno, Carlos Arias Madrid, quien señaló que manifestarse pacíficamente es un derecho y que criticar al gobierno no convierte a nadie en enemigo del Estado, también sostuvo que la preocupación ciudadana por la calidad del agua debe recibir respuestas de las autoridades competentes, sobre el operativo, afirmó que no hubo instrucción del Gobierno estatal para agredir o lesionar a manifestantes y que cualquier posible exceso debe investigarse y sancionarse si se acredita.
Entre los señalamientos expuestos estuvieron las denuncias por golpes, amenazas, incomunicación y tortura contra personas detenidas, así como la necesidad de investigar tanto a los elementos operativos como a quienes tuvieron responsabilidades de dirección.
El coordinador general estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, informó que la manifestación reunió aproximadamente a nueve mil 500 personas, de las cuales la mayoría se condujo de manera pacífica. Señaló que se registraron 84 personas lesionadas: 48 civiles, 32 policías y cuatro bomberos, además de 39 detenciones.
Al responder sobre el desarrollo de la movilización, indicó que el desorden comenzó en la zona de Montreal y López Mateos, y sostuvo que quienes hayan actuado al margen de la ley o incurrido en abusos deberán ser sancionados una vez que concluyan las investigaciones y se determine su participación.
Por su parte, el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández González, informó que 17 elementos fueron identificados para revisión por posibles actuaciones irregulares, entre ellos tres mandos.
Explicó que los 237 policías que participaron en el operativo deberán rendir informes ante Asuntos Internos para reconstruir los hechos, sin que esto implique que todos sean responsables, también señaló que se reforzarán los procesos de capacitación sobre las atribuciones policiales, los límites del uso de la fuerza y la obligación de actuar con respeto a los derechos humanos, ante las preguntas sobre los protocolos, explicó que la estrategia contempló distintos niveles de intervención, desde la presencia policial y las indicaciones verbales hasta las técnicas de control.
Por su parte el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, informó que la Fiscalía recibió a 39 personas detenidas, de las cuales 32 obtuvieron su libertad y siete fueron remitidas al juzgado de oralidad; detalló que se les brindó atención médica, acceso a defensa y comunicación con sus familiares, además de la intervención de personal de derechos humanos, durante la comparecencia, las y los legisladores insistieron en conocer cuántas investigaciones existen contra policías señalados y qué medidas se tomarán para esclarecer las denuncias.
El encuentro permitió exponer las respuestas institucionales y mantener sobre la mesa la exigencia de conocer los resultados de las investigaciones, así como las acciones necesarias para garantizar que las manifestaciones se desarrollen con respeto a los derechos y la seguridad de todas las personas.
