La Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado de Jalisco aprobó la incoación del juicio político en contra de quien fuera presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el entonces magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, quien tentativamente incurrió en faltas a la ley al firmar el contrato para la operación del estacionamiento del edificio de la Ciudad Judicial.
Este jueves por unanimidad de votos de los diputados presentes en la sesión, la comisión legislativa que se encarga de procesar las denuncias de juicio político, presidida en esta LXI Legislatura por la Diputada Pilar Pérez Chavira, resolvió iniciar el proceso en contra de Vega Pámanes.
“Firmó en forma única y exclusiva el contrato para la operación del estacionamiento del edificio de Ciudad Judicial Estatal, derivado del concurso 19/2015 bajo la modalidad de concesión a favor de la empresa DTC Soluciones Inmobiliarias S.A. de C.V. abrogándose para sí facultades exclusivas del Poder Ejecutivo del Estado, aprovechando en forma indebida facultades, otorgando la concesión de un servicio público de un bien inmueble del dominio y propiedad del Gobierno del Estado, aun y cuando no tenía ni existía el derecho específico que se debió otorgar por el comodante, en este caso el Gobierno del Estado.
“Asimismo, se considera que es agravado el hecho de que no se autorizó ni se otorgó el permiso por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco para autorizar la concesión por un periodo de tiempo de 10 años, ya que sobrepasa por mucho el tiempo de periodo constitucional de la administración pública estatal, acto que es contrario a lo establecido por el Artículo 35 de la Constitución Política Local”, se leyó del dictamen durante la sesión.
Se argumentó también que dichos actos ocasionaron trastornos en el funcionamiento normal de las instituciones y se ocasionó una incertidumbre en la parcialidad y honradez, independencia, autonomía y legalidad que deben reunir cada uno de los actos que realiza el Poder Judicial, así como el Consejo de la Judicatura, toda vez que su entonces presidente “no fue apegada a la legalidad, además de que sus acciones perjudicaron el interés público”.
En consecuencia, Vega Pámanes habría faltado a lo que señala el Artículo 7 de la Ley de Servidores Públicos y diversos artículos de la Constitución Política, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Responsabilidades del Estado de Jalisco.
Con base en lo anterior el Órgano Técnico de la Comisión de Responsabilidades determinó la procedencia del juicio político, cabe hacer mención que aunque la solicitud también señalaba a otros magistrados, sólo se encontraron elementos para proceder en contra de Luis Carlos Vega Pámanes.
Al respecto la diputada Pérez Chavira manifestó que luego de dar cuenta al Pleno, la parte acusada será notificada para que presente las pruebas que considere convenientes en su defensa y será la Asamblea la instancia que analizará los argumentos de ambas partes y resolver el asunto.
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