La Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado, que preside el diputado Juan Carlos Márquez Rosas, aprobó hoy la radicación e incoación de un juicio político, en contra del tesorero y encargado de la hacienda pública del Ayuntamiento de Guadalajara, Francisco Padilla Viallaruel, por supuesta responsabilidad al trasladar facultades propias del ayuntamiento a un tercero y pagar por dicho servicio.
La denuncia, a la que se le asignó el número 18/2014, fue interpuesta por los regidores Alberto Cárdenas Jiménez, Mario Salazar Madera, María Isabel Alfeirán Ruiz, Maria Cristina Solórzano Márquez y Sergio Tavares Orozco. Se registraron seis votos a favor y tres en abstención al momento de resolver el destino del dictamen.
La conducta del que se le acusa es haber suscrito un convenio de comisión con la empresa denominada Profesionales en Gestión Tributaria SC, por medio del cual el Ayuntamiento contrata al comisionista para ejecutar acciones, programas y proyectos para que los contribuyentes del municipio lleven al cabo el pago voluntario de créditos fiscales.
“Nosotros consideramos que hay responsabilidad nada más en lo que se refiere a los términos de la denuncia, al ser una facultad exclusiva del Ayuntamiento no trasladable el cobro del predial y de créditos fiscales; valoramos con esta información que puede existir una presunta responsabilidad. Estudiaremos los elementos probatorios y los elementos en descargo, pero de entrada sí procede la incoación”, explicó el diputado Juan Carlos Márquez Rosas.
El legislador manifestó que el siguiente paso es abrir el periodo probatorio tanto para la defensa como para acusadores y luego vendrá uno de alegatos; para ello el trámite deberá aprobarse ante el Pleno del Congreso del Estado y posteriormente se realizaría la etapa de conclusiones y la resolución.
Informe de declaraciones patrimoniales
El diputado Márquez Rosas informó al resto de los integrantes de la Comisión de Responsabilidades, del avance que se registra respecto a la revisión de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos jaliscienses. Destalló que fueron 22 mil las recibidas y nueve mil casos omisos, de los cuales ya se envió un requerimiento de cumplimiento y una solicitud de sanción.
De las mil 326 a las que se les solicitó realizar un confrontación, a la fecha ya se han realizado 985, en las que fueron subsanadas todas las observaciones. Explicó también que se han revisado, capturado y archivado cerca de 14 mil declaraciones, tarea que se prevé terminar en el mes de enero del próximo año.
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