En reunión de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales que encabeza el diputado Jorge Antonio Chávez Ambriz, se aprobaron diversos dictámenes, entre ellos destaca el que reforma la Constitución Política del Estado de Jalisco que establece nuevos requisitos para acceder a cargos públicos.
Quienes aspiren a ser diputada o diputado, Gobernadora o Gobernador del Estado, Presidenta o Presidente Municipal, regidora o regidor, sindica o síndico o Juez de primera instancia, menor o de paz, no deberán tener sentencia condenatoria que haya causado estado por el delito por abuso sexual infantil, violación, feminicidio o violencia familiar; además de las ya estipuladas de violencia política contra las mujeres por razón de género, no ser deudor alimentario moroso o en caso de serlo, demostrar que ha pagado la totalidad de adeudos alimenticios.
También acordaron modificar el Código Civil a fin de que, cuando ninguno de los dos padres tenga la guarda y custodia del menor, esta podrá ser conferida a parientes dentro del cuarto grado, a falta de estos o si no puedan ejercerla, se podrá otorgar ponderando el interés superior de la niñez, a otras personas con las que el menor tenga una relación afectiva comprobable.
Y la Ley del Notariado para que, si el notario que expida instrumentos públicos relacionados con la donación de bienes inmuebles, cuando se refiera a una controversia presente o para prevenir una futura y se trate de derechos personales, deberá solicitar a la parte aludida se identifique con su credencial para votar o alguna otra contenida en los soportes tecnológicos aprobados por el Consejo de Notarios, y verificar los datos biométricos disponibles.
Por último, avalaron reformar el Código Penal y adicionar algunos artículos a la Ley Orgánica del Poder Judicial a efecto de elevar la pena privativa de la libertad en los casos de que un tercero o un funcionario público favorezca la evasión de un preso o la salida temporal de presos o arraigados. Se sancionará de uno a nueve años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado. Si fuesen dos o más los que favorecieren la evasión, o dos o más los evadidos, la sanción será de dos hasta los doce años de prisión.
Se impondrán de uno a cuatro años de prisión, destitución del cargo a los servidores públicos que permitan la salida ilegal de detenidos, procesados o sentenciados, para que permanezcan fuera de las prisiones. La misma pena se impondrá a quien facilite la evasión de las medidas cautelares impuestas al imputado.
De igual manera, dieron su aval al acuerdo legislativo que aprueba que el Congreso del Estado participe, a invitación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), como “Instancia de acompañamiento” en la consulta estrecha y de participación activa de personas con discapacidad para la implementación de la Acción Afirmativa para la postulación de candidaturas e integración de cargos públicos municipales y diputaciones para el proceso 2023-2024, organizada por este Instituto.
