Con el propósito de visibilizar, analizar y atender la problemática del reclutamiento forzado en Jalisco, la diputada Mónica Paola Magaña Mendoza realizó una mesa de trabajo en la que participaron autoridades gubernamentales. La finalidad es generar acciones legislativas que protejan a los niños, niñas y adolescentes ante uno de los fenómenos más graves y poco visibilizados en el país.
En este diálogo, se analizó la propuesta de reforma al Código Penal para tipificar este delito y dotar a las autoridades de herramientas legales para su investigación y sanción. Magaña Mendoza resaltó que entre treinta y cuarenta mil personas son víctimas de reclutamiento forzado infantil en México a través de engaños, violencia o mediante el uso de medios digitales, siempre bajo circunstancias que atentan contra sus derechos y desarrollo.
Dijo que Jalisco figura entre las seis entidades del país que requieren atención urgente a esta problemática; recordó que la ONU lleva catorce años insistiendo en la necesidad de tipificar este delito y de garantizar acompañamiento a las víctimas que, en su mayoría, son menores de edad, por lo que es indispensable que éste sea identificado y procesado por quienes aplican la justicia.
Durante el encuentro, las y los participantes subrayaron que este fenómeno representa una violación a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, quienes son víctimas de grupos delictivos que los obligan a incorporarse a actividades ilícitas. Coincidieron en la necesidad de fortalecer el Código Penal para garantizar la protección integral de las familias en situación de vulnerabilidad debido a esta problemática social y para reducir los índices de delincuencia.
También propusieron identificar específicamente en qué apartado de este marco normativo se incluirá este término, su descripción y el procedimiento de sanción para quien, por cualquier medio, obligue, engañe, induzca o se aproveche de un menor de edad, con el propósito de que cometa o participe en cualquier delito previsto en esta u otras leyes para realizar actividades que atenten de cualquier forma contra sus derechos, integridad y desarrollo.
La mesa de trabajo permitió generar un espacio de diálogo plural y abierto, orientado a construir soluciones legislativas y de política pública que contribuyan a erradicar esta problemática en la Entidad. Los funcionarios reiteraron el compromiso de acompañar todas las acciones enfocadas a la prevención de la violencia en cualquiera de sus formas en contra de infantes que viven está condición.
Entre las y los participantes destacaron Roberto Alarcón Estrada, coordinador General Estratégico de Seguridad; Thais Loera Ochoa, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA); Blanca Trujillo Cuevas, fiscal especial en Personas Desaparecidas; la magistrada en materia penal, Consuelo del Rosario González; y Julio César García Mújica, secretario de Seguridad.
También participaron Edna Montoya Sánchez, de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas; Alberto Bayardo de la Subsecretaría de Derechos Humanos; Ismael Rodríguez, comisario de la Policía Municipal de Guadalajara; María Bravo, directora de Juventudes, y representantes de la Procuraduría Social, del DIF y la UNICEF, entre otros funcionarios.
