Con el objetivo de garantizar una atención digna, segura y con enfoque en derechos humanos para personas con problemas de salud mental y adicciones, el diputado César Octavio Madrigal Díaz presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud Mental y Adicciones del Estado para crear el modelo denominado “Centros de Paz”. La propuesta surge ante la problemática persistente relacionada con algunos centros de rehabilitación que han sido señalados por vulnerar los derechos humanos de las y los internos.
En este contexto, el legislador, en colaboración con el Colegio Nacional de Consejeros, realizó el día de hoy el conversatorio "De Evolución del Enfoque Tradicional Anexos a Centros de Paz", donde funcionarios y especialistas en la materia, dialogaron sobre el proceso de conversión de los denominados "anexos" a "Centros de paz libres de violencia"; así como, plantearon los lineamientos con los que deberán trabajar estos espacios orientados a promover entornos de atención libres de violencia y emocionalmente seguros.
Este nuevo modelo plantea una transformación de los espacios tradicionales de atención al incorporar principios de dignidad humana, comunidad terapéutica, formación profesional y cultura de paz, con el propósito de fortalecer los procesos de acompañamiento y rehabilitación en beneficio de las personas, sus familias y la sociedad.
Durante el evento, el legislador Madrigal Díaz detalló que este encuentro tiene el objetivo de analizar la iniciativa de reforma para regular y supervisar los llamados anexos o centros de rehabilitación en el estado. Explicó que la propuesta que presentó establece que estos centros deberán contar con licencia sanitaria vigente y operar bajo la dirección de un equipo multidisciplinario integrado por médicos, psicólogos, enfermeros, nutriólogos y trabajadores sociales, a fin de asegurar un tratamiento profesional y efectivo para la rehabilitación de los pacientes.
Señaló que actualmente en Jalisco existen aproximadamente mil 400 centros de tratamiento contra las adicciones y sólo cerca de 190 cuentan con regulación, lo que evidencia que la gran mayoría opera fuera de norma y sin supervisión adecuada. Dijo que, ante este panorama se requiere implementar lineamientos claros para el funcionamiento de estos espacios; así como, sanciones severas para quienes incumplan la normativa.
Agregó que la reforma también prevé un periodo de regularización para los centros ya existentes y una supervisión constante tanto para los nuevos como para los que ya operan, prohíbe prácticas como el ingreso forzado y cualquier tipo de violencia física o psicológica. "Esta reforma busca cerrar vacíos legales que han permitido la existencia de casos graves documentados, como ingresos forzados, tortura psicológica, agresiones físicas e incluso fallecimientos al interior de algunos centros", subrayó.
