Con el fin de que sectores vulnerables tengan acceso a una justicia digna y oportuna, la diputada Rocío Aguilar Tejada, realizó la segunda mesa de trabajo denominada “Hacia una Nueva Defensoría Pública en Jalisco”.
La legisladora señaló que es indispensable darle prioridad a este tema, ya que los abogados de oficio atienden hasta 300 expedientes y se da poca atención a los familiares, además se ha encontrado con casos en los que los reclusos pueden durar hasta 20 años en proceso sin tener una sentencia.
En la reunión con representantes de diversas dependencias, se analizaron las conclusiones de la mesa que se realizó el pasado mes de julio, en los que se trató la reglamentación sobre el perfil de los defensores públicos; establecer programas de capacitación y profesionalización; presupuesto; ampliar la defensoría pública en otras materias, entre otros.
Los participantes aseguraron que se requiere cuidar el perfil de los defensores públicos, que este tenga sensibilidad y conocimiento en los diversos temas, que no tenga antecedentes de cargos políticos, así como también, se implemente el servicio civil de carrera.
Añadieron, que debido a la situación presupuestal se deben de realizar alianzas y capacitaciones para que los defensores se preparen en temas relacionados a los grupos vulnerables y se realicen convenios con universidades y barras de abogados, para brindar mejores oportunidades salariales y académicas a los defensores.
Finalmente, informó que se afinarán los detalles y conclusiones para que se realice un foro el próximo mes de octubre, con los titulares de diferentes dependencias y expertos en la materia, para que impartan talleres o conferencias y analizar la viabilidad de la Ley de Defensoría Pública del Estado de Jalisco
Participaron en el evento, María del Carmen López Ortiz, magistrada del Supremo Tribunal de Justicia; asesores parlamentarios, y representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; de la Dirección General de Prevención y Reintegración Social de Jalisco; de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, y de la Procuraduría Social de Estado.
