Jalisco dará un paso importante con este nuevo sistema de justicia.
Los dictámenes de decreto que constituyen el nuevo sistema de justicia penal en Jalisco, sobre todo para poner en vigencia los juicios orales, fueron aprobados por los diputados miembros de la Comisión de Justicia, quienes manifestaron su beneplácito porque contribuirán a agilizar los procesos y romper con las corruptelas a las que se han prestado funcionarios judiciales, y debido a que termina una etapa de estudios y trabajos legislativos al margen de colores partidistas u oposiciones políticas.
Se trata de reformas y adiciones a las leyes orgánicas del Poder Judicial y de la Procuraduría Social, lo que motivó que los diputados Héctor Pizano Ramos, Juan Carlos Márquez Rosas, Jaime Prieto Pérez y Rafael González Pimienta, presidente y vocales de la Comisión, respectivamente, se congratularan por la aprobación del nuevo sistema, que se tiene el propósito inicie el proceso de discusión y votación en el Pleno del Congreso, en la sesión del próximo jueves.
Pizano Ramos dijo también que en la mesa de discusión del nuevo sistema de justicia penal, en la que han participado los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, hay coincidencias para ponerlo en vigor, por lo que se espera que hacia el 2015 comience a funcionar de manea genera, con recursos presupuestales suficientes, y de esta manera tengan atribuciones los jueces para resolver sobre la base de los juicios orales, con la respectiva capacitación, ya que es muy diferente al sistema escrito.
Otro de los asuntos votados a favor en la Comisión, se refiere a reformar algunos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a fin de que la carrera judicial tenga mayor sustento, de manera práctica y específica, ya que antes involucraba tanto a los jueces de primera instancia como a los mixtos de primera instancia, y ahora sólo quedarán los primeros, seguidos por otros funcionarios y empleados.
En la sesión de trabajo también se resolvieron las observaciones del Ejecutivo del Estado respecto a la minuta de decreto 24473/LX/13, en la cual se reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, a fin de darles facultad a los jueces de primera instancia para resolver sobre los beneficios de los reos que hayan compurgado la pena correspondiente.
De esta manera, comenzarán a trabajar en este procedimiento, como se publique de manera oficial, y posteriormente, en el 2015, con el presupuesto respectivo, se haga a través de los juzgados que se dedicarán a conocer exclusivamente de estos asuntos.
A solicitud del diputado vocal Julio Nelson García Sánchez, fue retirado de la orden del día el proyecto de dictamen que reforma diversos ordenamientos, con el fin de darle mayores facultades a la Subprocuraduría Social, principalmente, en algunos procedimientos, las que consideraron los legisladores que requieren de mayor análisis.
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