Con el compromiso de salvaguardar el derecho humano al agua y fortalecer la gestión hídrica en Jalisco, la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gestión del Agua, presidida por la diputada Mariana Casillas Guerrero, aprobó dos importantes acuerdos que buscan dar certeza jurídica y soluciones inmediatas a la ciudadanía cuando el servicio de agua potable se vea interrumpido o se preste de manera deficiente.
En sesión telemática, se dictaminó una reforma a la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios, que establece la obligación de los organismos operadores y Ayuntamientos de aplicar descuentos del 25% al 50% en la cuota y tarifa del agua, así como la devolución proporcional de pagos anuales estimados, cuando el servicio resulte intermitente, nulo o de mala calidad por más de diez días.
Esta medida busca no solo proteger la economía de los usuarios, sino también incentivar una prestación más eficiente y transparente del servicio, reconociendo que el acceso al agua es un derecho humano superior, previsto en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, se avaló la reforma que obliga al Gobierno del Estado, Ayuntamientos y organismos descentralizados operadores a garantizar la entrega gratuita de agua potable mediante pipas, carros tanque, hidrantes o tinacos provisionales cuando existan interrupciones prolongadas en el servicio.
Este mecanismo permitirá dar atención inmediata a colonias afectadas por megacortes, reparaciones de infraestructura o fallas operativas, asegurando el vital líquido durante el periodo de contingencia, con prioridad a las zonas más vulnerables.
Los acuerdos aprobados representan beneficios directos para la población jalisciense, ya que los usuarios dejarán de asumir gastos extra en la contratación privada de pipas; se fortalece el derecho humano al agua, garantizando suficiencia, salubridad y equidad y las reformas no implican afectaciones graves a las finanzas, pues existen antecedentes legislativos y presupuestales que permiten ajustes sin comprometer la viabilidad de los municipios ni de los organismos operadores.
En el marco de estas reformas también se precisó la necesidad de fortalecer la comparecencia anual de autoridades estatales, municipales y de la Comisión Estatal del Agua en temas de tratamiento, monitoreo y recuperación de cuerpos de agua. Con ello, el Congreso busca consolidar mecanismos de rendición de cuentas y evaluación permanente de la gestión hídrica en la entidad.
Con estas medidas, se da respuesta a una de las demandas ciudadanas más sentidas: contar con un abastecimiento seguro, suficiente y de calidad del agua potable, así como con reglas claras que protejan a las familias en casos de interrupción del servicio.
