Con el propósito de agilizar la protección de quienes tienen derecho a recibir alimentos, la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales que preside la diputada Norma López Ramírez, aprobó reducir de 90 a 45 días el plazo para considerar a una persona como deudora alimentaria morosa.
Esta modificación al artículo 440 del Código Civil plantea que, ante un atraso de un mes, el obligado tenga un periodo breve para ponerse al corriente; de no hacerlo, la autoridad podrá considerar que existe un incumplimiento injustificado y proceder a su incorporación al Registro Nacional de Deudores Alimentarios. Además, busca evitar situaciones de desamparo para quienes tienen derecho a recibir alimentos y atender el interés superior de la niñez.
Por su parte, el juez deberá dar aviso al Colegio de Notarios del Estado de Jalisco para que a su vez, notifique a los Notarios del Estado que el deudor alimentario cuenta con las prohibiciones señaladas, así corno su obligación de informar al Juez en caso de que el deudor alimentario pretenda realizar cualquiera de los actos jurídicos señalados en el presente artículo.
En esta sesión también se avaló el dictamen de ley que reforma los artículos 213 y 224 del Código Penal, a efecto de establecer que no se considera homicidio la práctica eutanásica en los términos de la ley de la materia; así como, se impondrán de tres a diez años de prisión a quien sin ser personal médico responsable en los términos de la ley en materia de eutanasia y muerte asistida instigue, aliente o ayude a otro al suicidio, si éste se consumare.
Además, se acordó expedir la Ley de Eutanasia y de Muerte Asistida del Estado de Jalisco, cuyo objetivo es regular el derecho a una muerte digna, así como establecer los procedimientos y garantías para su aplicación. La propuesta reconoce el derecho de las personas que cumplan con los requisitos establecidos a solicitar la eutanasia o la muerte asistida, con fundamento en la autonomía de la voluntad y el consentimiento informado.
Asimismo, contempla que esta decisión pueda expresarse mediante directrices anticipadas, conforme a la Ley de Salud del Estado de Jalisco. También establece la obligación de las autoridades sanitarias de respetar y proteger el derecho a una muerte digna, así como realizar las acciones necesarias para atender la voluntad de los pacientes solicitantes.
Los diputados Isaías Cortés Berumen, Enrique Velázquez González, Leonardo Almaguer Castañeda, Miguel de la Rosa Figueroa y Emmanuel Puerto Covarrubias participaron en esta reunión de trabajo.
