Glosa del IV Informe de Gobierno con el tema Gobernabilidad y Seguridad.
Incremento de índices de inseguridad, particularmente respecto a algunos delitos de alto impacto y no concretar el funcionamiento del sistema ruta-empresa del transporte público, fueron los puntos que abordaron con mayor insistencia los diputados del Congreso del Estado de Jalisco durante la Glosa del IV Informe de Gobierno en lo que respecto al tema de Gobernabilidad y Seguridad.
Sin embargo, reconocieron la disposición por parte del Poder Ejecutivo para cumplir de la mejor manera posible con este mandato constitucional y expusieron que es responsabilidad de todos que cada año el diálogo entre poderes sea más ágil, más profesional y más productivo. Esto lo expusieron en el apartado de conclusiones los coordinadores parlamentarios Ismael del Toro Castro, Hugo Contreras Zapeda, Miguel Monraz Ibarra, además de sus compañeros Saúl Galindo Plazola, José García Mora y Pedro Kumamoto Aguilar.
Por parte del Gobierno del Estado asistieron a esta dinámica los secretarios General de Gobierno, Roberto López Lara; el Fiscal General, Eduardo Almaguer Ramírez; de Movilidad, Servando Sepúlveda Enríquez y la titular de la Contraloría, Teresa Brito Serrano.
López Lara señaló que sin duda los últimos meses han sido de una complejidad importante en lo que se refiere al contexto social y la tarea de gobierno, pero aseguró que en Jalisco ha prevalecido el estado de derecho, la libertad a la manifestación y a diferencia de otras entidades no se han presentado saqueos de comercios o desmanes en la vía pública.
El primer grupo de legisladores que tomó la palabra para realizar cuestionamientos a los funcionarios estatales fueron: Augusto Valencia López, Jorge Arana Arana, Felipe Romo Cuellar, Enrique Aubry de Castro Palomino, Saúl Galindo, José García y Pedro Kumamoto.
Ellos cuestionaron el por qué Jalisco es uno de los primeros lugares a nivel nacional en cuanto a desaparecidos, en qué forma se ha procedido en contra de los elementos policiacos que no acreditan las pruebas de control de confianza; que la entidad sea un lugar con altos índices de violencia en contra de la mujer, además de la poca efectividad que ha mostrado hasta el momento el nuevo sistema de justicia penal.
Ante este panorama, Almaguer Ramírez aceptó que durante el último año incrementaron los números en cuatro de los 10 delitos considerados de alto impacto, sin embargo, señaló que el aumento fue mucho menor que en estados vecinos o el promedio que se puede observar actualmente en el ámbito nacional.
Aseguró que se está trabajando en forma profesional para combatir las distintas expresiones delincuenciales y reiteró el anuncio respecto a que se propondrá a este Poder Legislativo la iniciativa para la creación de una fiscalía especializada para atender el tema de los desaparecidos, además de reformas para hacer más efectiva la protección a las mujeres.
Enseguida los legisladores Martha Villanueva, Claudia Delgadillo, Pilar Pérez Chavira, Omar Hernández Hernández y Galindo Plazola integraron el segundo bloque de preguntas a los funcionarios estatales. Preguntaron al secretario de Movilidad cuál es el avance respecto a la integración del registro estatal de taxis; reiteraron al titular de la Fiscalía el aumento en delitos de alto impacto y le señalaron que en algunos municipios jaliscienses existen quejas en contra de la Fuerza Única Regional porque sus elementos se muestran prepotentes e intimidantes al momento de realizar su trabajo.
En la tercera y última ronda de preguntas los legisladores Alejandro Hermosillo González, Antonio López Orozco, Irma de Anda Licea, Erika Ramírez Pérez, cuestionaron cuánto falta para que se concrete la renovación de las rutas y del sistema de transporte público, qué acciones se han realizado para la protección y preservación del Bosque Los Colomos.
Sepúlveda Enríquez señaló que sí existen condiciones para lograr iniciar el sistema ruta-empresa en un plazo no mayor a los 90 días, tal como lo planteó el Gobernador del Estado de Jalisco. Respecto al proyecto “Peribus” señaló que éste tendría un costo de alrededor de tres mil 330 millones de pesos, además pidió a legisladores consumar reformas legales para evitar que el Tribunal Administrativo intervenga en asuntos relativos al transporte público.
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