APRUEBAN SANCIONES CONTRA SERVIDORES PÚBLICOS OMISOS EN SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Iniciarán juicio político en contra de regidor de Tala.

De aproximadamente siete mil 500 servidores que han sido omisos en presentar su declaración patrimonial, más de seis mil recibirán la sanción económica que marca la ley porque han sido reincidentes, mientras que a los demás sólo se les apercibirá o impondrá una amonestación.

Lo anterior fue aprobado este medio día en la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado, que preside el diputado Juan Carlos Márquez Rosas, luego de votarse por unanimidad de los legisladores, la aplicación de las sanciones que correspondan.

De entre quienes no han cumplido con ese requisito, son 253 regidores y funcionarios de primer nivel entre 40 y 50, pero el total de reincidentes suman aproximadamente seis mil 500, por lo que habrá de sentarse un precedente al aplicarles multas que van de los 450 a los cuatro mil 950 pesos.

Para fijar los montos, se hará un estudio económico, en virtud de que no todos los regidores perciben el mismo salario, pues no es lo mismo uno de Guadalajara o Zapopan, que de otro municipio en donde se les paga menos. Los recursos que se obtengan serán para el Congreso del Estado.

Explicó el diputado Márquez Rosas que el resto, que  recibirán amonestaciones, son servidores nuevos, policías en su mayoría, que desconocían esa obligación, por lo que se les dará la oportunidad de que en lo subsecuente cumplan con esta obligación.

Juicios políticos

Por lo que se refiere a las solicitudes de juicios políticos y sus procedimientos, los legisladores acordaron incoar el promovido por Efraín Melchor Reynoso, en contra del regidor J. de Jesús Morales Delgadillo, de Tala, por incompatibilidad de funciones, ya que también labora en el IMSS.

Por lo que se refiere al procedimiento de radicación, es decir, las solicitudes que inician su estudio con el expediente correspondiente, son:

El promovido por Filiberto Ruiz Gómez en contra del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco y de la ex Directora de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo, Raquel Álvarez Hernández, debido a que presentaron denuncia contra la firma “López Castro”, en un asunto que ya había causado estado, dentro de otro juicio mercantil.

Dijo el diputado Márquez Rosas que el solicitante del juicio político considera que el caso es cosa juzgada y se interpusieron más denuncias contra esa consultora fiscal, además de no haber existido un mandamiento del Pleno del Congreso.

También se radicó la solicitud de Alejandro Reyes Brambila en contra de Patricia Ane Farías Barlow, en su carácter de Director General del Fideicomiso para la Protección del Estero El Salado y Desarrollo de las Áreas Colindantes, por supuestas irregularidades en su manejo, como: cambio de tarifas, condiciones ilegales y otorgar concesiones especiales, Etc.

Orto más impulsado por Miguel Angel Carrillo Buendía, contra Valentín Rodríguez Peña, en su carácter de presidente municipal de Villa Purificación, por supuesto aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades al no dar cumplimiento a la sentencia dictada el expediente 253/2008, emitida por el Tribunal de lo Administrativo del Estado, al condenar el pago que se refiere en dicha sentencia.

Entre los dictámenes que desechan solicitudes, están la de Salvador Cosío Gaona, Juan Manuel Estrada Juárez y/o Jorge Enrique Murillo Hernández, contra el Auditor Superior, Alonso Godoy Pelayo, al no investigar y no dar trámite alguno a una demanda de hechos ni responder a un escrito presentado por los denunciantes.

Se desecha porque las causales sin hipótesis de procedencia de una responsabilidad administrativa y no política.

De Gabriel Valencia López contra Tomás Figueroa Padilla, por la supuesta violación de los derechos humanos al otorgar recursos al Partido Verde Ecologista de México y al Partido Nueva Alianza, alegando mala actuación de la autoridad electoral, al emitir un acuerdo en el cual realiza un nuevo cálculo para determinar el monto del financiamiento público; mismo que resuelve la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, en que no ha lugar.

Ejecutoria

En cuanto a la ejecutoria de amparo 1367/2013 del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, a favor de Gabriel Valencia, el presidente de la Comisión dio a conocer que se aprobó el acuerdo legislativo correspondiente y el Pleno instruyó para cumplir los lineamientos de la sentencia, en lo relativo a las pruebas ofrecidas por el denunciante.

Se trata de acusaciones en contra del Auditor Alonso Godoy Pelayo por negarse a una revisión de la partida 8000, involucrándose también a los coordinadores y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, en la Legislatura pasada.

Explicó el diputado González Márquez que el denunciado se siente agraviado porque aduce que no se le recibieron los elementos probatorios, por lo que cual se repondrá el procedimiento para entrar de nuevo al estudio, para determinar si  hubo responsabilidad o sigue sosteniéndose que no la hubo.

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