Con 35 votos a favor, en sesión extraordinaria, los diputados de Jalisco aprobaron reformar las leyes de Responsabilidades Políticas y Administrativas, Orgánica del Poder Judicial y Orgánica del Poder Legislativo para expedir la Ley de Declaratoria de Procedencia de la Acción Penal del Estado.
La presente actualización permite que un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia o del Tribunal de Justicia Administrativa pueda ser sometido a proceso penal, si así lo solicita la autoridad competente, además prevé inhabilitarse del cargo mientras duré el proceso.
Cabe referir que la iniciativa en comento resuelve y actualiza una controversia constitucional y dota de instrumentos jurídicos al Congreso del estado para poder realizar la declaración de procedencia penal sin menoscabo de la independencia jurídica de quienes laboran en el Poder Judicial.
