Diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil que encabeza el legislador José Luis Munguía Cardona, aprobaron adherirse al dictamen emitido por la Comisión de Puntos constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos que avala la iniciativa de decreto que propone crear la Ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en el Estado de Jalisco.
Este ordenamiento tiene por objeto establecer las bases y lineamientos entre el estado y los municipios, para una óptima coordinación entre las instancias de la seguridad pública en materia de prevención social, de la violencia y la delincuencia, a través de la participación ciudadana y de la implementación de políticas públicas, programas y acciones.
Además crea el Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco, órgano que tendrá la facultad de emitir opiniones y recomendaciones sobre las acciones que se desarrollen para la prevención de la violencia y la delincuencia.
El diputado José Luis Munguía Cardona, autor de la iniciativa, considera importante la aprobación de esta ley, ya que “se desarrollarán programas de prevención social para los problemas que actualmente estamos viviendo en Jalisco en materia de seguridad, específicamente se enfocará a niños y jóvenes, para que no sean víctimas de grupos delictivos”.
En la reunión de trabajo, se turnó al diputado Nicolás Maestro Landeros, para su estudio y dictaminación, la iniciativa de ley que reforma el artículo 134 Bis del Código Penal. Esta modificación propuesta por los legisladores Gabriela Andalón Becerra y José Luis Munguía Cardona, plantea sancionar de siete a quince años de prisión y multa de 200 a 400 pesos de salario mínimo a quien vigile, aceche, alerte, informe o realice actividades de espionaje sobre las actividades, operativos, ubicación o en general.
Cuando este acto sea cometido por servidores públicos o ex servidores públicos de las fuerzas armadas, de instituciones de seguridad pública o de persecución y sanción del delito, se impondrá además destitución del cargo e inhabilitación para ocupar otro hasta por diez años.
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