La Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos presidida por la diputada Itzul Barrera Rodríguez, aprobó las bases para realizar mesas de trabajo y una consulta pública dirigida a personas con discapacidad y organizaciones que las representan, a fin de garantizar su participación en el análisis de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo estatal.
La finalidad es establecer que las personas con discapacidad participen en la titularidad y funcionamiento de las áreas de la administración pública estatal encargadas de atender sus asuntos, considerando también los conocimientos y estudios necesarios para desempeñar esos cargos.
La consulta permitirá recabar opiniones, experiencias y propuestas de personas con discapacidad, especialistas, organizaciones e instituciones, a fin de analizar la viabilidad y los posibles efectos de la reforma antes de elaborar el dictamen correspondiente. El proceso deberá garantizar condiciones accesibles e incluyentes, mediante mesas presenciales y mecanismos complementarios de participación. La aprobación de estas bases no determina aún el sentido final de la reforma.
En la misma sesión, las y los legisladores aprobaron reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para fortalecer las medidas de protección y combatir la violencia institucional contra las mujeres.
Entre los cambios destaca que las órdenes de protección deberán emitirse de inmediato o, a más tardar, dentro de las cuatro horas posteriores al conocimiento de los hechos. Tendrán una duración de hasta 60 días, prorrogables por 30 días más o por el tiempo que dure la investigación, así como hasta que cese el riesgo para la víctima.
Las medidas incluyen alojamiento temporal en refugios, traslado seguro, apoyo económico y atención médica, psicológica y legal gratuita. También contemplan la protección de la identidad y los datos personales de las víctimas, el retiro de armas a las personas agresoras y acciones para garantizar obligaciones alimentarias, así como la posibilidad de solicitar la suspensión temporal de las visitas y convivencias con sus hijas e hijos.
Asimismo, se faculta a los órganos internos de control para recibir denuncias, investigar presuntos actos de violencia de género cometidos por personas servidoras públicas y, cuando corresponda, emitir medidas u órdenes de protección. Las autoridades competentes también podrán imponer y ejecutar sanciones por estas conductas.
Las solicitudes de protección podrán presentarse en cualquier municipio de Jalisco o en otra entidad federativa, sin que la competencia territorial sea motivo para rechazarlas. Su emisión deberá considerar la valoración del riesgo y las necesidades específicas de cada víctima.
En la reunión participaron la y los diputados Tonatiuh Bravo Padilla, Norma López Ramírez y César Octavio Madrigal Díaz.
