También se votaron a favor modificaciones presupuestales para crear 100 plazas de custodios en el Reclusorio Metropolitano.
El dictamen que expide la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus Municipios, fue aprobado por unanimidad en la sesión el Congreso, con la cual Jalisco da uno de los pasos más trascendentes para modificar este concepto y adecuarlo a los lineamientos internacionales, por lo que ahora estará constituido por manifestaciones materiales e inmateriales, como son los inmuebles y muebles con valor artístico e histórico, así como las tradiciones y expresiones orales.
De acuerdo con la iniciativa de la Comisión de Cultura presidida por el diputado Julio Nelson García Sánchez, en el concepto de bienes inmateriales se incluyen también el idioma como vehículo del patrimonio; las artes del espectáculo; los usos sociales, rituales y actos festivos; los conocimientos y usos relacionados con la Naturaleza y el Universo, y las técnicas ancestrales tradicionales.
En cuanto a zonas de protección, están considerándose los lugares sagrados, áreas de valor natural, paisajístico, típicas y el centro histórico. Este último, que ha sido afectado de tal manera que se cae a pedazos, como lo manifestara en la tribuna el diputado García Sánchez al reconocer el apoyo de todos los legisladores presentes en la sesión, para votar a favor dicha legislación. Asimismo, el diputado Jaime Prieto Pérez también destacó el esfuerzo de quienes participaron en este proceso.
Otro de los temas destacados, de los que dieron cuenta ambos legisladores, es la participación ciudadana, a fin de que la sociedad jalisciense represente una pieza importante en la protección del patrimonio, como es que las autoridades propicien los mecanismos adecuados que faciliten el acceso las tareas y discusiones en materia de protección del patrimonio cultural; denunciar toda falta, acción u omisión de cualquier persona física, moral o autoridad, que lo perjudique.
También se definieron los procedimientos para declarar a un bien o zona de protección; asociarse, agruparse y manifestarse sobre temas relacionados con el uso, destino y protección del patrimonio, y que la sociedad civil organizada implemente acciones en coordinación con la Secretaría de Cultura, en materia educativa entre los miembros de la comunidad.
En cuanto a las sanciones, están la amonestación; la restitución del daño producido al bien; multa hasta por el doble del valor de la restitución del daño; clausura temporal o definitiva, parcial o total; la suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones correspondientes, así como las sanciones penales que sean procedentes.
Plazas para custodios
Por otra parte, se votaron a favor las modificaciones a la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, del 2014, a iniciativa del Titular del Poder Ejecutivo, con el propósito de crear 100 plazas de custodios para el Reclusorio Metropolitano, por lo que deberán erogarse 12 millones de pesos, conforme al dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuestos que encabeza el diputado Miguel Castro Reynoso.
Al hacer uso de la palabra sobre este asunto, el diputado Ricardo Rodríguez Jiménez reiteró lo manifestado en su oportunidad, cuando se planteó el asunto en dicha Comisión, en virtud de que no había la suficiente claridad e información de la procedencia de este ingreso, hoy agregó que aun cuando se votaría a favor por parte del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, no es un “cheque en blanco” para el gobierno estatal, porque se espera que los fondos no se usen para el golpeteo político en el “cuarto de guerra” contra la oposición, por lo que darán seguimiento y vigilancia sobre la aplicación de tales fondos.
Al respecto, el diputado Castro Reynoso hizo notar la urgencia y necesidad de esa partida para reforzar la seguridad en dichas actividades, por lo que hizo un nuevo llamado a la cordura, a la sensatez y la racionalidad en temas que la sociedad demanda, pero no la polarización y el conflicto, por lo que hoy se requiere un trabajo para responder a esa demanda, haciendo la parte le corresponde al gobierno.
Por su parte, la diputada Celia Fausto Lizaola también se pronunció al señalar que aunque la fracción del PRD estuvo de acuerdo en aprobar el dictamen, deja de manifiesto las dudas que prevalecen respecto a los recursos que se han autorizado para fines de seguridad pública, como sucedió en la anterior Legislatura, al aceptar que se contratara en la administración anterior un crédito por mil 500 millones de pesos, en los que se incluían necesidades de los reclusorios. Sin embargo, ahora se da un voto confianza pero habrá seguimiento al ejercicio de los nuevos fondos autorizados.
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