En sesión de trabajo, la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gestión del Agua, presidida por la diputada Mariana Casillas Guerrero, aprobó dos dictámenes que fortalecen el marco legal y técnico en materia de uso de suelo, ordenamiento urbano y sostenibilidad territorial en el estado de Jalisco.
El primer dictamen aprobado reforma los artículos 149 y 177 del Código Urbano del Estado de Jalisco, con el objetivo de evitar la pérdida de espacios públicos y verdes. El documento establece que los predios públicos con destino de equipamiento o áreas verdes solo podrán cambiar de uso si se presenta un proyecto definitivo de urbanización que justifique el cambio, y en el caso de áreas verdes, se exige que la sustitución se haga por otro espacio con mejores características y beneficios para la población, dentro del mismo plan parcial.
Además, se prohíbe el pago en efectivo en compensaciones urbanas, permitiendo únicamente la permuta por suelo que contribuya a reservas territoriales o políticas de conservación.
El segundo dictamen consiste en la aprobación del Acuerdo Interno que contiene las observaciones y aportaciones de la Comisión al Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024–2030, titulado "Hacia una ruta sustentable para las niñas y niños, con una visión al 2050". Las y los legisladores analizaron aspectos del Eje 4 relacionado con la planeación del territorio, la sostenibilidad ambiental y la gestión del agua, destacando fortalezas y señalando áreas de mejora.
Entre los principales señalamientos, se identificó la necesidad de mayor claridad en metas e indicadores, así como una distribución más equitativa de la planeación territorial fuera del Área Metropolitana de Guadalajara.
También se expresaron preocupaciones sobre la falta de participación directa de comunidades vulnerables, la contaminación persistente en cuencas como la del Río Santiago y el impacto del desarrollo urbano no regulado; ambos dictámenes fueron aprobados por las y los integrantes de la Comisión, y se turnarán a la Junta de Coordinación Política para los efectos legislativos correspondientes.
