El dictamen de decreto que expide la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, fue aprobada este medio día por el Congreso y tiene por objeto regular las acciones de programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de las operaciones relativas a bienes o recepción de servicios, que lleven a cabo las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal del Poder Ejecutivo.
Las reformas a los ordenamientos en la materia, a iniciativa de los diputados Edgar Enrique Velázquez González, Celia Fausto Lizaola y Héctor Pizano Ramos, así como las propuestas que en su oportunidad hicieron los legisladores de Movimiento Ciudadano, fueron objeto de análisis al presentarse a votación en el Pleno, al precisarse la importancia de impulsar la actividad económica de la entidad y hacer más transparentes los procesos de adquisiciones.
Abordó la tribuna el diputado Ricardo Rodríguez Jiménez, de Movimiento Ciudadano, para manifestar la satisfacción por la aceptación de algunas modificaciones, en una legislación que en esencia busca fortalecer el mercado interno; que haya proveedores locales; que se beneficien del mayor comprador, que es el gobierno estatal. Sin embargo, las consideró limitadas, de acuerdo con la iniciativa que presentaron en su oportunidad.
El diputado Velázquez González dijo, por su parte, que la aprobación de esta ley de apoyo al sector productivo de Jalisco, representa uno de los más decididos respaldos a las empresas locales de los últimos 20 años, tras mucho tiempo de abandono, por lo que ahora serán una prioridad en el gasto gubernamental, así como beneficiar a las familias jaliscienses, con más empleos. También se coloca a la entidad, a la vanguardia a nivel regulatorio.
Luego se plantearon algunas propuestas de Movimiento Ciudadano, a través de su coordinador, diputado Clemente Castañeda, para que en los procesos de licitación participaran testigos sociales; a la aplicación de sanciones a quienes incumplan lo estipulado en la legislación y a que la regulación se hiciera extensiva a los municipios; mismas que no se aceptaron. En lo relativo a los ayuntamientos, los diputados Juan José Cuevas García y Enrique Velázquez González se expresaron en desacuerdo.
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