Con el objetivo de analizar la propuesta de reforma a la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco, se llevó a cabo una mesa de trabajo, consulta y socialización con titulares de dependencias, académicos y representantes de la sociedad civil, a fin de revisar a fondo el contenido de la iniciativa y enriquecerla con aportaciones técnicas y ciudadanas.
La jornada se desarrolló bajo tres ejes fundamentales: el fortalecimiento institucional y la descentralización, los mecanismos de reparación integral, y los derechos a la verdad, la memoria y la protección de víctimas y personas buscadoras. El propósito central fue evaluar si el diseño institucional actual garantiza una atención efectiva, oportuna e integral, y plantear una transformación estructural que coloque a las víctimas en el centro de las políticas públicas.
Entre los planteamientos destaca la propuesta de convertir la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en un organismo público descentralizado, con mayor autonomía técnica y capacidad operativa; además de abrir espacios de participación directa para víctimas y academia en la toma de decisiones. La intención es que la nueva ley no solo modifique estructuras administrativas, sino que mejore el acceso territorial, la eficiencia en la atención y la legitimidad institucional.
El diputado José Aurelio Fonseca Olivares, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, subrayó que la atención a las víctimas es, ante todo, un compromiso ético del Estado. Señaló que cada reforma debe tener como eje la dignidad humana y la garantía efectiva de derechos; además de armonizar la legislación local con la Ley General de Víctimas para evitar vacíos normativos y fortalecer el acceso real a la justicia y a la reparación integral.
Por su parte, la diputada Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez, presidenta de la Comisión Especial para Atender Asuntos Relacionados en Materia de Desaparición de Personas en Jalisco, enfatizó que no solo debe atenderse el delito de desaparición, sino también las omisiones institucionales. Informó que ya se realizó un diagnóstico para trazar una ruta que permita reconocer plenamente a víctimas directas, indirectas y colectivas, así como a sus familias y comunidades.
En el cual se incorporan principios como máxima protección, enfoque diferencial y especializado, perspectiva de género, justicia restaurativa y atención psicológica. También, contempla la ampliación de definiciones para reconocer claramente a víctimas directas e indirectas, la creación de oficinas regionales con equipos especializados, el derecho a preservar la memoria histórica y una reparación integral que incluya restitución, rehabilitación, garantías de no repetición y compensación, más allá del aspecto económico.
En el diálogo participaron representantes de diversas dependencias en materia de derechos humanos, seguridad, igualdad e inteligencia; así como la coordinadora general de la Red de Centros de Justicia para las Mujeres, Sofía García Mosqueda; colectivas, asociaciones civiles, familias de personas desaparecidas y padres de familia.
La mesa de trabajo permitió escuchar a quienes viven las consecuencias de la violencia y a quienes aplican las normas, con la finalidad de fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y consolidar una legislación que garantice atención digna y efectiva a las víctimas en Jalisco.
