Con el objetivo de visibilizar las necesidades de las personas adultas mayores y fortalecer las políticas públicas para garantizar sus derechos humanos, se realizó el Segundo Foro de Discusión y Análisis Personas Adultas Mayores: Derechos Humanos y Políticas Públicas, organizado por la diputada Tonantzin Elusay Cárdenas Méndez.
Durante el encuentro, la legisladora destacó que este foro es resultado de una mesa de trabajo previa con especialistas, académicos y representantes de personas adultas mayores, cuyas propuestas buscan traducirse en acciones legislativas y políticas públicas. Señaló que uno de los principales objetivos es cuestionar cómo se construyen las ciudades, a quién representan los presupuestos y las instituciones, y qué sectores de la población siguen quedando excluidos.
Entre los planteamientos derivados de la mesa de trabajo y retomados en el foro se encuentra la necesidad de transitar de programas asistenciales hacia un modelo de atención basado en derechos, que reconozca a las personas mayores como sujetos con autonomía, capacidad de decisión y participación en los asuntos públicos. También se propuso impulsar un Parlamento Permanente de las Sabias y los Sabios, fortalecer los sistemas integrales de cuidados, garantizar que la digitalización de trámites no excluya a este sector y ampliar la formación de profesionales en gerontología.
En las intervenciones de los especialistas María Alberto Salazar Montes, Joaquín García López, José Ernesto Padilla Nieto y Sandra Ordaz Briseño se señaló que, aunque existen iniciativas y programas de atención, estos resultan insuficientes ante el crecimiento de la población adulta mayor. Advirtieron que persisten problemas de discriminación, falta de inclusión, infraestructura urbana y vial inadecuada; así como deficiencias en el transporte público y en la profesionalización de los servicios de atención.
Mario Alberto Salazar Montes, integrante del Consejo de Sabias y Sabios, expuso que han identificado 24 necesidades prioritarias de las personas mayores, muchas de ellas relacionadas con situaciones de vulnerabilidad, abandono y violaciones a sus derechos humanos. Destacó tres aspectos fundamentales: garantizar el acceso a la salud, brindar acompañamiento y asesoría jurídica, particularmente ante situaciones de despojo dentro del entorno familiar, y lograr que las autoridades reconozcan y atiendan las necesidades de este sector.
Asimismo, informó que durante más de cuatro años han desarrollado esta propuesta de modelo de atención integral, participativo e incluyente, estructurado; sin embargo, señaló que han encontrado falta de sensibilidad y obstáculos para concretar su implementación ante distintas instancias gubernamentales, principalmente por la falta de recursos y la existencia de programas que, a su consideración, no responden integralmente a las necesidades de las personas mayores.
Los participantes también plantearon la importancia de capacitar a los servidores públicos, incorporar personal especializado en gerontología y fortalecer la educación para la salud, el autocuidado y la organización comunitaria. Como referencias de buenas prácticas mencionaron experiencias de Uruguay y Chile, donde se han desarrollado sistemas de cuidados y mecanismos de participación de las personas adultas mayores.
Finalmente, Cárdenas Méndez recordó que, presentó ante el Congreso una iniciativa para crear una comisión legislativa permanente especializada en personas adultas mayores, con la finalidad de dar seguimiento a esta agenda y mantenerla en el centro de las decisiones públicas. Subrayó que el envejecimiento de la población obliga a replantear las instituciones, los presupuestos y las políticas públicas para garantizar que todas las generaciones estén representadas y puedan ejercer sus derechos en condiciones de dignidad.
