Con el fin de revisar el impacto ambiental, financiero y operativo del programa de verificación vehicular, la Comisión Especial de carácter temporal del Congreso del Estado sostuvo una mesa de trabajo encabezada por el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, con la participación del secretario de Hacienda Pública, Luis García Sotelo, donde se analizó el contrato con la empresa operadora, la estructura tarifaria y la efectividad de los centros de verificación.
Durante la sesión, el legislador informó que esta comisión fue creada para dar seguimiento técnico al programa y que ya se recibió el informe solicitado a la Secretaría de Hacienda, el cual contiene información sobre tarifas, pagos a concesionarios y funcionamiento general del modelo. Señaló que el objetivo es construir una ruta clara que permita evaluar la política pública sin comprometer las finanzas estatales.
El titular de Hacienda expuso que la dependencia ha respondido por escrito a los cuestionamientos legislativos, detallando la estructura tarifaria y los recursos destinados al programa. Indicó que en 2025 se asignaron más de 531 millones de pesos al Fondo Estatal de Protección al Ambiente, mientras que en el presente año se han entregado más de 107 millones, conforme a lo establecido en el convenio vigente con el concesionario.
Precisó que el esquema actual contempla la participación de 12 empresas en la operación de los centros de verificación, y que la tarifa ha tenido ajustes desde su inicio, pasando de 99 pesos a más de 164 pesos en administraciones anteriores, con revisiones anuales establecidas en contrato; añadió que el modelo incluye incentivos fiscales que han permitido incrementar la participación ciudadana, superando el millón de verificaciones, así como mejorar el padrón vehicular y el cumplimiento del refrendo.
En el posicionamiento de la diputada Claudia Murguía, se destacó la importancia del diálogo entre poderes y la necesidad de mantener la verificación vehicular sin generar conflictos legales que afecten al estado; señaló que, si bien existen áreas de mejora, el programa debe analizarse con responsabilidad financiera, evitando litigios que impliquen pérdidas millonarias.
Por su parte, la diputada Alejandra Giadans Valenzuela subrayó que el programa tiene sustento legal y responde a un mandato federal orientado a garantizar el derecho a un medio ambiente sano; planteó cuestionamientos sobre la efectividad de los incentivos implementados y la forma en que se realiza el pago al proveedor tecnológico, con el objetivo de clarificar el uso de los recursos públicos.
El diputado Leonardo Almaguer solicitó mayor transparencia sobre el monto total de recursos comprometidos en el contrato, así como los mecanismos de control y rendición de cuentas asociados al programa. En tanto, la diputada Tonantzin Cárdenas Méndez planteó la necesidad de ampliar la política ambiental más allá de la verificación vehicular, incorporando a industrias contaminantes en esquemas de responsabilidad y recaudación.
En respuesta, el secretario de Hacienda señaló que el 50 por ciento de la contaminación del aire se atribuye al parque vehicular y que actualmente la verificación es el principal mecanismo de recaudación para financiar acciones ambientales, añadió que se trabaja en convenios de coordinación con otras entidades para mejorar el control vehicular a nivel regional.
Finalmente, el diputado Tonatiuh Bravo Padilla indicó que los trabajos de la comisión continuarán con el objetivo de generar propuestas que permitan mejorar el programa, evaluar su viabilidad financiera y fortalecer su impacto en la calidad del aire en el estado.
