La figura del fuero surgió constitucionalmente con el objetivo de proteger y garantizar el desarrollo de una actividad o cargo público y no para darle impunidad al funcionario, por lo que se debe mantener en el marco legal de Jalisco y México con modificaciones, apuntaron académicos y especialistas durante el Foro “Fuero Constitucional: Acotarlo o Eliminarlo”, celebrado en el Congreso del Estado de Jalisco.
El Diputado Ismael Del Toro Castro fue quien convocó a este ejercicio de análisis y diálogo, señaló que Jalisco no puede quedar fuera de la discusión que se genera a nivel nacional sobre dicho tema, en el marco del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que se abordará el asunto de una manera responsable y seria.
El Presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, Diputado Felipe Romo Cuellar, expuso que la posible eliminación o modificación del fuero, es un asunto que los diputados tratarán con toda formalidad, pues “lamentablemente ha existido abuso por algunos funcionarios que lo ostentan”. En tanto, el Legislador Omar Hernández Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, dijo que la sociedad exige la revisión de la vigencia de esta herramienta, de la cual no se debe permitir un mal uso.
Roberto Duque Roquero, abogado y académico, especialista en democracia y en Derecho Constitucional, inició su intervención contando una historia del periodista Armando Fuentes Aguirre, mediante la que dimensionó la distancia que existe en México entre gobernantes y gobernados; adicionalmente, felicitó a los legisladores jaliscienses por esta discusión, que es muy importante y valiente.
Agregó que si bien es “agradable” para muchos la idea de eliminar el fuero, la existencia de dicho recurso legal tiene justificación: su función es evitar que un funcionario público sea molestado o distraído por denuncias infundadas, de tal forma que el objetivo es proteger la función pública.
Lamentó que al pasar de los años se ha desvirtuado la figura, gracias a que algunos que se benefician de ella y no han actuado en forma totalmente legal. Además, que desde las diferentes legislaciones muestra lagunas legales y deficiencias. Señaló, por ejemplo, que la Constitución Federal sólo indica el desafuero a consecuencia de delitos cometidos durante el encargo público, en cambio la Constitución de Jalisco no se limita a ese periodo.
En su postura de sólo modificarlo y no anularlo, Duque Roquero mencionó respetuosamente algunas propuestas hacia los legisladores: acotarlo, incorporar la flagrancia y en tal caso agilizar el procedimiento en contra del señalado al no proceder mediante el desafuero, sino procesarlo como a cualquier persona.
También sugirió ampliar el fuero a otras protecciones y acciones; incorporar al titular del Poder Ejecutivo, ya sea Presidente de la República o Gobernador; considerar la posibilidad de procesar a los funcionarios sin separarlos del cargo; que exista un control por parte del Poder Judicial y no usar eufemismos en la redacción de los artículos relativos al tema.
Por su parte, Guillermo Gat Corona, licenciado en Derecho y Maestro en Derecho Internacional y Comparado por la Universidad de Notre Dame, coincidió plenamente con su antecesor al señalar que el objetivo de este instrumento es guardar la función, no a la persona, y que actualmente “lo políticamente correcto es pararse en un foro público a decir que debemos eliminar el fuero. A mí me parece que quitarlo sería un error”; lo anterior, sin negar que hay muchos funcionarios públicos que deberían estar en la cárcel.
“Pero también hay muchos servidores que realizan adecuadamente su trabajo y que pueden ser objeto de una serie de denuncias penales no sustentadas, artificiales y parecería que lo sensato es buscar herramientas para que puedan ser compatibles estas dos necesidades elementales”, mencionó, en el contexto de que la libertad del legislador es importante, por lo que ésta se debe garantizar.
Añadió que el correcto uso del fuero aporta una dosis al equilibrio entre poderes y que en aquellos gobiernos donde no ha funcionado, como en México, se debe a que las decisiones en torno a esta herramienta se dan en el plano político y no judicial.
Gat Corona también planteó algunas ideas a los diputados, al señalar que el objetivo debiera ser “la compatibilidad entre el fuero y la punibilidad, entre la transparencia y la protección contra denuncias falsas. Trasladar la decisión a una instancia que no tenga una composición política, sino jurídica, tal sería el caso del Supremo Tribunal del Estado o del Consejo de la Judicatura”.
Mencionó la alternativa de “ciudadanizar la declaración de procedencia”, que serviría como paso previo para proteger a los servidores públicos de denuncias infundadas y una comisión permanente podría ser opción. Aseguró que un proceso transparente debe ser parte del adecuado funcionamiento del fuero, así como revisar qué cargos debieran agregarse al fuero y cuáles no lo necesitan verdaderamente.
Finalmente y no menos importante, resultó la ponencia de José de Jesús Becerra Ramírez, Doctor en Derecho, quien al igual que sus compañeros especialistas manifestó decididamente que se requieren pesos y contrapesos: equilibrios entre poderes, necesidad que históricamente se ha mantenido y que en su opinión no se ha alterado.
“Tenemos que revisar esto, ver si las causas que llevaron a establecer el fuero constitucional ya desaparecieron: ¿Ya no hay persecución política por encargo de una dependencia, de un Ejecutivo X? o ¿Ya no hay persecución o acusación?
“Invito a la reflexión, si hemos superado las causas por qué sigue vigente, si consideramos que sí pues hay que quitarlo. Pero si tenemos que acotar con medidas del debido proceso, acotar la presunción de inocencia vamos haciéndolo, entonces la solución la tenemos todos”, señaló el académico. Si la justicia va a hacer una diferenciación entre un ciudadano y un funcionario, debe sustentarse mediante una justificación razonable y objetiva, que esa distinción ayudará protegerle a un poder que atentaría contra sus derechos y contra la función pública que ejerce.
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