Inician mesas de trabajo para dictaminar las propuestas de leyes de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco: de Atención a Víctimas de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas.
Con el objetivo de enriquecer la propuesta de la “Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco” y resarcir la deuda que mantiene con la sociedad, particularmente con las familias de las víctimas, los diputados locales instalaron mesas de trabajo en el Poder Legislativo. Serán cuatro las comisiones legislativas encargadas de dictaminar las legislaciones correspondientes, pues además de la ya mencionada, también se desahogarán las propuestas de Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco y Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de Jalisco.
El Diputado Jorge González Arana, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, reconoció que Jalisco está retrasado en la habilitación de estos reglamentos, sin embargo, aseguró que el resultado será acorde a la exigente realidad. “Tenemos más de dos años con estos temas en Jalisco, pero obedece a una recomendación de la CEDHJ, tenemos que elegir entre si queremos algo rápido o algo bien concreto que sea una herramienta para que el Ejecutivo cuente con todos esos medios para que cada autoridad haga lo conducente”, expuso el legislador.
Por su parte, la Diputada Erika Pérez García, en representación de la Mesa Directiva del Congreso Local, señaló que el Poder Legislativo eliminará la deuda que se tiene para con las familias de desaparecidos. “Con estas mesas de trabajo damos el primer paso para corresponder a esa exigencia legítima de contar con leyes precisas y claras que sean un brújula que le den un orden y eficacia a la búsqueda de personas desparecidas”.
Las participaciones que se registraron el día de hoy fueron valiosas en cuanto a observaciones, sugerencias y críticas a las propuestas enviadas al Congreso Local por el Titular del Poder Ejecutivo.
Jesús Peña, representante Adjunto en funciones de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en México, habló sobre el "Marco Convencional y Constitucional en Materia de desaparición de Personas". Recomendó a las autoridades asimilar completamente qué es una desaparición forzada, así como dimensionar que es una violación continuada de derechos humanos, que se prolonga en el tiempo hasta conocer el paradero de la víctima. Además, pidió que los alcances de la ley local superen los parámetros marcados por la Ley General.
Daniel Espinoza Licón, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, solicitó que la legislación sea eficaz y eficiente, pues retardar la justicia es igual que negarla. Hacer gratuitos y ágiles los trámites y requisitos que solicitan los ministerios públicos para la presentación de denuncias por la desaparición de una persona, así como eliminar el plazo de 72 horas para interponerla.
La titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, habló respecto al trabajo que se está haciendo al interior del organismo, donde se cuenta con atención en vía internet las 24 horas y están por iniciar la capacitación de grupos de búsqueda de personas, pertenecientes a las policías municipales.
La Fiscal Especial en Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, coincidió en la urgencia de eliminar el obstáculo que señala el periodo de 72 horas para que la autoridad reciba la denuncia. Agregó que a un año de su nombramiento, se ha avanzado en revisar procesos y cambiar algunos de ellos y reconoció que se puede asegurar que se ha cumplido con la sociedad mientras haya personas desaparecidas.
Angélica de la Peña Gómez, ex presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado y protagonista de la redacción y aprobación de la Ley General de Desaparecidos, invitó a las comisiones dictaminadoras a que abran el dictamen a las familias, elemento que daría legitimidad a la nueva legislación, lo cual puede hacerse y es necesario.
También hicieron uso de la voz representantes de organismos civiles que agrupan a familiares de personas desaparecidas: Guadalupe Aguilar Jáuregui, vocera de Colectivo de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (Fundej); Esperanza Chávez Cárdenas, del colectivo Por Amor a Ellos y Jorge Verástegui González, defensor de los Derechos Humanos y fundador de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila.
Ellos recriminaron a las autoridades en general y lo particular, fallas en los procedimientos, protocolos deficientes e incluso, falta de sensibilidad y responsabilidad para atender el fenómeno social. Pidieron que este ejercicio sea sólo el inicio de lo que debe ser una ley integral y vanguardista, para que tengan oportunidad de realizar verdaderas aportaciones a la propuesta de legislación.
Expusieron que no es recomendable que la ley local contemple un Registro Estatal de Personas desaparecidas, pues hay un registro nacional, mismos que debe ser alimentado por los Estados, y al crear el propio cada entidad, podría haber opacidad y un “juego de números y términos”.
Por su parte, Ana Karolina Chimiak, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C., hizo un reconocimiento a las familias de las víctimas, señaló que si no fuera por su tenacidad e insistencia, estas leyes no existirían. Sugirió agregar un titulo referente a las obligaciones específicas de los municipios, ya que en la propuesta es un eslabón que debe fortalecerse.
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