Debido a que los recursos que estaban presupuestados para entrega de premios y condecoraciones, fueron reasignados para apoyar al sector salud con motivo de la pandemia COVID 19 que afecta al Estado, y por motivos de austeridad, los legisladores aprobaron este día en Sesión del Pleno, presidida el diputado Jonadab Martínez García, no hacer entrega de reconocimientos a jaliscienses destacados durante el presente ejercicio.
Cabe hacer mención, que en años anteriores se entregaron reconocimientos que consistían en una medalla bañada en oro o labrada en plata, de cuando menos seis centímetros de diámetro, con la leyenda correspondiente y el nombre del galardonado que se haya distinguido en grado sobresaliente durante toda su trayectoria de vida.
Ante ello, avalaron modificar el presupuesto de egresos del Poder Legislativo correspondiente al ejercicio fiscal 2020, en las partidas destinadas en productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio; materiales complementarios; prendas de seguridad y protección personal, materiales y suministro, entre otros.
Por otra parte, se avaló la iniciativa en la que se propone al Congreso de la Unión que se considere dentro del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, aumentar a mínimo tres horas semanales dedicadas al deporte en niveles de educación básica, y con ello mejorar los hábitos y costumbres de los menores, para que gocen de un buen estado de salud, prevenir la obesidad, vicios y adicciones.
También se propone a los diputados federales que se reforme la Ley General de Educación y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a fin de que se reconozca a los Asesores Técnicos Pedagógicos (ATP) en las distintas leyes y con ello, estos puedan acceder a los beneficios laborales y sociales a que tienen derecho, por las funciones que desempeñan en la educación básica y media superior.
El Asesor Técnico Pedagógico (ATP), es el personal especializado de la educación básica y media superior con la responsabilidad de brindar a directivos, docentes y técnicos la asesoría, apoyo y acompañamiento técnico pedagógico, por lo que consideran indispensable dar certeza laboral a dicha figura.
En el mismo tenor, reformaron la Ley General de Educación, a fin de que se establezca que la robótica y la inteligencia artificial sean aplicadas en todas las ramas del conocimiento, con un enfoque ético, humanista y amigable con el medio ambiente, bajo los principios de beneficencia y con ello, apostar en una educación de calidad de la mano de nuevas tecnologías para los jaliscienses.
También, les pidieron que en la misma ley se promueva la cultura en educación vial, con el propósito de disminuir los accidentes viales, respetar la norma de manera cultural y no por miedo a ser sancionados, y con ello mejorar la vida en sociedad.
En otros asuntos, también solicitaron que se considere reformar la Ley Federal del Derecho de Autor, para disminuir la vigencia del derecho de propiedad, para pasar de cien a cincuenta años después de la muerte del autor, ya que con ello se beneficiaría a las próximas generaciones y podrán incorporarse dichas obras literarias y artísticas nacionales e internacionales al dominio público y con esto se pueda acceder a bajo costo al patrimonio cultural mundial.
Por otra parte, también le pidieron al Congreso de la Unión que se analice reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, para que se establezcan las medidas cautelares y con esto garantizar la seguridad de víctimas o testigos y sean interpuestas mediante resolución judicial, así como la reparación del daño de la víctima u ofendido.
En otros temas, solicitaron que se justifique en diversas leyes, la inasistencia de los ciudadanos que formen parte de las mesas directivas de casilla al otro día de las elecciones, y sea pagado su salario de forma íntegra comprobando su participación con el documento respectivo en su lugar de trabajo, a fin de compensar la labor desempeñada de los funcionarios el día del proceso electoral.
Finalmente, acordaron solicitar que se reforme la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que se garanticen los derechos a las comunidades indígenas y afromexicanas en el caso de personas que sean privadas de su libertad, para que dentro del Centro Penitenciario puedan conservar sus usos y costumbres, así como también reciban educación básica bilingüe y cuenten con un intérprete para que conozcan el proceso que se sigue en su contra, obligaciones y derechos.
