Introducción

JUSTIFICACIÓN LEGAL

Todo servidor público obligado, en los términos que fija la ley, y para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su cargo tendrá la obligación de presentar con oportunidad y veracidad la declaración de situación patrimonial ante el organismo competente. De igual manera, de conformidad con la Ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado de Jalisco en su artículo 79, tercer párrafo, establece que la autoridad encargada de recibir las declaraciones de situación patrimonial tiene la obligación de publicar en el periódico oficial “El Estado de Jalisco” la lista de aquellos ciudadanos que no la hubieren presentado en los términos que marca la ley. En tal virtud y a efecto de transparentar la lista de servidores públicos obligados que fueron omisos y con las facultades que le confiere el artículo 79 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, el Órgano Técnico de Responsabilidades del Congreso del Estado tiene a bien hacer público dicho listado en cumplimiento irrestricto de la ley para el conocimiento de la ciudadanía en general así como de las instancias correspondientes.

Boletín Informativo de la Comisión de Responsabilidades.

El día 04 de agosto del año 2010, los ex servidores públicos que se desempeñaron como diputados de la LVIII legislatura, Key Tzwa Razón Viramontes y Guadalupe Núñez Rodríguez, presentaron su declaración de situación patrimonial final de manera extemporánea. No obstante, la entrega de su declaración no los exime de enfrentar el procedimiento administrativo respectivo ante el Pleno del H. Congreso del Estado, a través del acuerdo dictado en sesión extraordinaria de la H. Comisión de Responsabilidades celebrada el día 03 de agosto del 2010 de acuerdo a lo que señala el artículo 83 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, toda vez que la infracción a éste ordenamiento ya fue cometida.

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PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Qué es una declaración patrimonial?

Son formatos que contienen información personal, económica, de control de ingresos y egresos que tiene un servidor público, así como una relación sucinta de bienes (muebles e inmuebles) cuya finalidad es que el estado conozca la situación patrimonial que detenta el servidor público antes, durante y al concluir su encargo, con el objeto de prevenir el enriquecimiento ilícito por parte de los servidores públicos.

2) ¿Quiénes están obligados a presentarla?

Los servidores públicos que se encuentran obligados a presentar su situación de declaración patrimonial son aquellos que se encuentran dentro de supuesto del artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y que en síntesis, son servidores públicos que tienen cargos directivos, de coordinación, encargados de valores, así como funcionarios de primer nivel que por su cargo ostentan control de personal y manejo de valores.

Para mayor ilustración se transcribe el numeral que establece de manera específica los servidores públicos obligados a presentar su situación de declaración patrimonial:

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÙBLICOS

Artículo 78. Tienen obligación de presentar la declaración de situación patrimonial:

I. En el Poder Legislativo, ante el Congreso del Estado, atendiendo a lo dispuesto por su Ley Orgánica: los Diputados, el Secretario General, el Auditor Superior, los Directores, Jefes de Departamento, Supervisores, Auditores, Coordinadores y encargados de valores así como, los demás servidores públicos que determine el Congreso del Estado;

II. En el Poder Ejecutivo, ante la Contraloría del Estado:

a) Todos los servidores públicos de confianza desde el gobernador del Estado, los titulares de las secretarías, hasta los jefes de sección, incluyendo a los jefes y subjefes de recaudadoras de rentas, directores, cotizadores, glosadores, auditores, supervisores, encargados de almacén y quienes con motivo de sus funciones administren fondos y valores del Estado, así como los contralores internos de las secretarías y dependencias;

b) En la Procuraduría General de Justicia, además de los anteriores señalados, incluyendo al titular, los subprocuradores generales y coordinadores, directores, agentes y secretarios del Ministerio Público, comandantes, jefes de grupo y agentes de la Policía Judicial;

c) En la Procuraduría Social, incluyendo al titular, los coordinadores, directores, secretarios y defensores de oficio;

d) En la Contraloría del Estado, todos los servidores públicos de confianza;

e) En la Secretaría de Vialidad y Transporte, los comandantes de escuadrón, peritos en accidentes y jueces calificadores del Departamento de Tránsito;

f) En la Secretaría General de Gobierno, los comandantes y jefes de grupo de la Dirección de Seguridad Pública y los inspectores de Trabajo y Previsión Social, el presidente y los secretarios de los concejos paternales en el Estado;

g) En la Junta de Conciliación y Arbitraje, el presidente de la misma y los presidentes de las juntas especiales, así como los secretarios, incluyendo a los auxiliares;

h) En las entidades del sector público paraestatal, los directores, gerentes, contralores internos, subdirectores, jefes y subjefes de departamento, jefes de sección y oficina, encargados de almacén y quienes con motivo de sus funciones administren fondos y valores; y

i) Los demás servidores públicos que determine el titular del Ejecutivo.

III. En el Poder Judicial, ante el órgano que determine su Ley Orgánica: los magistrados, los consejeros generales, los oficiales mayores y jueces de primera instancia, secretarios, así como directores y subdirectores, y los demás que determine el Pleno del Consejo de la Judicatura; IV. En los Gobiernos Municipales, ante el Congreso del Estado por conducto de los Ayuntamientos: los presidentes municipales o presidentes de los concejos municipales, regidores, concejales, síndicos, secretarios generales, tesoreros, encargados de la hacienda municipal, subtesoreros, secretarios, directores, subdirectores, delegados municipales, contralores, jefes y subjefes de departamento, jefes y subjefes de oficina, comandantes, oficiales mayores, oficiales del registro civil, supervisores, auditores, subauditores generales, contadores y subcontadores en general, administradores y, cajeros generales, cajeros pagadores e inspectores y los demás servidores públicos que se establezcan para tal efecto en los reglamentos municipales. Tendrán también la obligación de presentar su declaración, los servidores de los organismos públicos descentralizados municipales que sean equiparables a los que señala la fracción II inciso h) del presente artículo; V. En el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, por conducto de su presidente: los magistrados, secretarios y oficiales notificadores o sus equivalentes, ante el órgano que determinen su Ley Orgánica y sus reglamentos; VI. En la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ante el Congreso del Estado, por conducto del presidente incluyendo a éste: secretarios comisionados, directores de área y demás personal que determine el Congreso del Estado; VII. En el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, ante el Congreso del Estado, por conducto del presidente incluyendo a éste: consejeros electorales con derecho a voto, directores de área y demás personal que determinen sus estatutos y reglamentos; VIII. En el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado, ante el Congreso del Estado, por conducto del Presidente del Consejo, el Presidente, consejeros ciudadanos, Secretario Ejecutivo, directores y jefes de departamento y demás personal que determine su reglamento; y IX. En todas las entidades a que se contrae este artículo, los que ostenten la representación jurídica de la entidad para la que laboran, los jefes y subjefes de compras o quienes hagan sus veces ante los órganos que les correspondan, de conformidad a las fracciones que integran este artículo.

 

3) ¿Cuáles son los plazos y los tipos de declaraciones patrimoniales que la ley establece?

La ley establece tres tipos de declaraciones que deben ser presentadas por los servidores públicos obligados en tiempo y forma, que son: la declaración inicial que se presentan al inicio de su encargo, la declaración anual que deberá de presentarse todos los años que dure en el encargo y durante los meses de enero a mayo, y la final que deberá de presentarse dentro de los treinta días naturales después de que haya culminado su periodo en el encargo.

4) ¿Cuáles son las sanciones a las que se hacen acreedores los servidores públicos que incumplan con su obligación de presentar su declaración patrimonial?

En caso de incumplimiento de las obligaciones consignadas en las declaraciones inicial y anual, el órgano correspondiente (contralorías de los ayuntamientos y otras autoridades facultadas) requerirán por oficio al superior jerárquico del omiso para que conmine de inmediato al servidor público a cumplir con su obligación en un término de quince días naturales, contados a partir del momento en que sea requerido.

Si transcurrido dicho término el superior jerárquico o el servidor público omiso no cumplen con su correspondiente obligación, se les instaurará el procedimiento de responsabilidad al que se refiere la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos en capítulo IV pudiendo ser sancionados con la destitución o con la inhabilitación hasta por un año.

En caso de incumplimiento de la declaración final se instaurará el procedimiento a que alude la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos en capítulo IV el artículo 69 de este ordenamiento, pudiendo sancionarse al servidor público omiso con inhabilitación hasta por dos años para el desempeño de cargos públicos. En caso de subsistir la falta de presentación, la inhabilitación continuará indefinidamente hasta el momento en que se subsane la omisión.

5.- ¿Se pueden hacer públicas las declaraciones o la información contenida en las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos?

De acuerdo con el artículo 28 fracción I de la Ley de Transparencia e Información Pública en el Estado de Jalisco, se establece que estos datos son considerados como INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, esto es la información que contenga datos personales o la relativa a su identidad, su origen, vida familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio y análogas esto es concernientes al derecho de la intimidad del Servidor Público, datos que contienen el carácter de confidenciales, por lo que de acuerdo con el artículo 31 y 33 de la Ley de Transparencia, dicha información es intransferible e indelegable, en consecuencia sólo podrá ser proporcionada a su titular, a su representante legal o a la autoridad judicial que funde y motive su solicitud.

En ese tenor, el artículo 61 y 62 del mismo ordenamiento legal establece que los servidores públicos que incumplan en cualquiera de las obligaciones de conservación y custodia de documentos e información que tenga bajo su cuidado, o a la que tuviere acceso impidiendo o evitando el uso, la sustracción, ocultamiento o utilización indebida de esta, incurren en responsabilidad administrativa, de igual forma de conformidad con el artículo 33 de la Ley de Transparencia establece que los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir, publicar o comercializar la información confidencial contenida en sus sistemas de información o en sus archivos, salvo que así lo autorice de manera expresa el titular de esta información, de manera personal mediante poder especial que conste en Escritura Pública.

Cabe mencionar que solamente podrá difundirse el listado de los servidores públicos que fueron omisos de presentar su declaración patrimonial, inicial, anual y final según lo establecido por la ley. Esto es, el nombre del servidor público y el tipo de declaración omisa.