En conferencia de prensa los diputados que integran el G-9 dieron a conocer su contenido.
Los pormenores de la iniciativa de reforma a la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, fueron explicados este medio día por el presidente de la Mesa Directiva y coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, diputado Clemente Castañeda Hoeflich, y el diputado Guillermo Martínez Mora, ambos integrantes del G-9, con el objeto de iniciar el proceso de socialización del contenido de la propuesta.
En líneas generales, el diputado Castañeda Hoeflich dijo que se identificaron vacíos legales, por lo que se desarrollaron cuatro ejes en la iniciativa de reforma: el respeto y fortalecimiento de la autonomía de la Auditoría Superior; el diseño de contrapesos y mecanismos de rendición de cuentas entre la Auditoría y el Congreso; impulso a la participación ciudadana, y solución a algunas inconsistencias jurídicas de la ley actual, para disminuir y en su caso erradicar la discrecionalidad en el manejo de la fiscalización, así como evitar la “congelación” de cuentas.
También se pretende que una Unidad de Vigilancia profesional y sólida, tenga la obligación de auditar los informes de gestión financiera de la Auditoría Superior, así como hacer la evaluación del desempeño. Con lo anterior, se podrán diferenciar las cuentas públicas del Congreso y de la Auditoría, que forma parte de la propuesta de la plataforma “Haz Tu Ley”, que se adoptó en la iniciativa.
En cuanto a los mecanismos de equilibrio, se hace una revisión de las causales de destitución del Auditor, y se agregan las siguientes: cuando no apruebe en la evaluación del desempeño; se obstaculice a la Unidad; no tome en cuenta auditorías especiales y cuando no imponga sanciones pecuniarias a los entes cuya responsabilidad se ha comprobado.
Agregó el diputado Castañeda Hoeflich que es una iniciativa muy completa, que atiende todos los aspectos de la fiscalización, de la auditoría pública, e hizo un llamado al resto de la fracciones parlamentarias, a fin de llevarla al debate, ya que la sociedad lo demanda, por lo que habrá de ingresarse a un proceso de socialización y de discusión del contenido, para que todos los involucrados tengan opinión y participación.
Por su parte, el diputado Martínez Mora hizo una exposición más detallada de la iniciativa y refirió que Jalisco tiene una calificación reprobatoria en la medición de la eficiencia de los sistemas de fiscalización en el país, ya que en transparencia se ubicó en el lugar 24, por lo que considera que es urgente entrar a ese tema, aprovechando que el documento ya se encuentra en las comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, así como Vigilancia, para su dictamen. Además, a partir de la semana próxima se llevarán a cuatro foros, en los que participarán especialistas, académicos y la sociedad.
Explicó que se eliminan invasiones a la autonomía de la Auditoría Superior, para quitar las facultades que tienen los diputados para incidir en el sentido de los informes finales de auditoría, y que sea facultad del Pleno y no de la Comisión de Vigilancia su devolución a la ASEJ; fortalecimiento de capacidades técnicas de esa institución, para que el examen por oposición que deberán realizar los aspirantes a ocupar el cargo de Auditor, sea elaborado y evaluado por una institución académica de prestigio nacional, no radicada en el Estado.
Equilibrio de contrapesos en la relación ASEJ-Congreso, incorporándose la Auditoría Especial para investigar denuncias ciudadanas contra dicho organismo fiscalizador, y cuando el informe final no incluya las observaciones derivadas de una auditoría especial, será una causal para su devolución; fortalecimiento de la Unidad de Vigilancia; sanciones directas al Auditor y auditores especiales, cuando no apruebe la evaluación de gestión del desempeño; obstaculice los trabajos de la Unidad; no se tomen en cuenta las auditorías especiales y no imponga sanciones.
Corrección de inconsistencias jurídicas; tiempos en el estado procesal de los informes de cuentas públicas; facultad exclusiva del Pleno para devolución de informes de auditoría; definir que una cuenta pública se rechazará cuando constituya un crédito fiscal en contra de los sujetos auditables responsables del daño al erario público; la participación ciudadana, para proponer la realización de auditorías a aspectos particulares del ejercicio de un ente público, entre otros de los temas de esa iniciativa.
---oo0oo---
