Con el propósito de disminuir la sobre población de las cárceles en Jalisco, el diputado Javier Romo Mendoza presentó una iniciativa en la que se propone que se sancione a los reos que cometan delitos de bajo impacto y que sea un Consejo de Estatal de Trabajo Comunitario el encargado de atender la planeación, organización, seguimiento y vigilancia de dichas sanciones.
En rueda de prensa, manifestó que personas que participen en riñas con lesiones simples, amenazas, daño al patrimonio urbano podrán ser castigados prestando servicios profesionales no remunerados, en instituciones públicas, privadas o de asistencia social y que un Consejo de Estatal de Trabajo Comunitario sea la instancia ejecutora. Dicho consejo estaría integrado por representantes del Gobierno estatal, municipal, Poder Judicial y organizaciones de la sociedad civil que trabajarán de manera honorífica, sin remuneración por el desempeño de tal representacion.
El legislador explicó que, a diferencia de otras sanciones, el trabajo comunitario se distingue por requerir los esfuerzos coordinados de distintas entidades publicas, toda vez que son servidores públicos de diferentes poderes y niveles de gobierno quienes intervienen en la imposición de la sanción. Aseguró que con esta iniciativa se mejorará el sistema carcelario y se abonará a la reconstrucción del tejido social, a la formación cívica y beneficiará a las distintas causas sociales perseguidas por instituciones públicas y privadas; detalló que el alto número de reos que le cuestan al Estado es de alrededor de cuatrocientos pesos diarios por recluso.
Recalcó que el objetivo es implementar el trabajo comunitario como sanción administrativa o penal; determinar a las autoridades responsables de estos programas y normar la celebración de convenios mediante los cuales organizaciones civiles se beneficien con dicha prestación.
Finalmente, expuso que con esta propuesta el trabajo se constituye como sanción sustantiva, complementaria, alternativa o sustitutiva y debe realizarse en condiciones de seguridad, sanidad y respeto de los derechos humanos, tomando en consideración las actitudes, habilidades y condiciones físicas del prestador.
